La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en contra del cierre total de la hostelería debido a la alta incidencia de los contagios por COVID-19 supone un antes y un después. Da esperanza a otras comunidades para poder presionar más, pero no es un camino fácil y sobre todo rápido.
Todos sabemos que la justicia tiene sus propios tiempos. Además tendrán que reclamar ante el TSJ de cada comunidad, puesto que son éstas las que imponen las restricciones. Mientras no haya una sentencia firme, lo más probable es que no todos los jueces dicten sentencia en el mismo sentido del magistrado del TSJ que permite volver a la actividad a los locales cerrados que estaban en zona roja por la alta incidencia del virus.
La apertura supone abrir en terraza al 100%, en el interior al 50% del aforo y sin posibilidad de servir en barra. El juez considera que no está probado que el cierre total permita disminuir los contagios en la zona con mayor afectación del coronavirus. Esto implica que en otras zonas donde se ha cerrado la hostelería y la incidencia ha bajado de forma importante es muy posible que un recurso de este tipo no prospere.
Además puede provocar que muchos de los locales cerrados pierdan ayudas que se han concedido, posibilidad de tener trabajadores en ERTE, facilidades para ampliar terrazas, etc. Seguramente a la mayoría de los hosteleros prefieren trabajar a esperar ayudas que llegan tarde y no cubren sus gastos. Aunque para los locales más pequeños que no tengan terraza esta sentencia tampoco será una solución.
Lo que si puede ser una fórmula de presión ante las negociaciones con las administraciones respectivas a la hora de negociar las restricciones, cierres, horarios de apertura, etc. que determinan en gran medida el nivel de actividad que puede tener un local de hostelería. La mayoría de los restauradores lo que buscan es poder trabajar, aunque sea con limitaciones, pero evitar a toda costa el tener que estar abiertos y cerrados de forma intermitente.
No se trata ya de un tema de recibir ayudas, porque tienen un cierre de actividad, sino más bien una cuestión de justicia, puesto que tal y como indica la sentencia:
una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual
Los negocios que no pueden pagar sus cuentas, los que saldrán endeudados durante los próximos años, los trabajadores que ven recortados sus ingresos o las empresas que trabajan para hostelería y ven como se han quedado a su vez sin clientes no tendrían que pagar con sus patrimonios la lucha por mantener a salvo las vidas de sus conciudadanos.