El Impuesto sobre Sociedades, al contrario de lo que mucha gente piensa, es un tributo que grava la obtención de beneficios por parte de las sociedades y otras entidades jurídicas. En este sentido, si cerramos un ejercicio con pérdidas, se produce una base imponible negativa por la que no tendremos que pagar a Hacienda.
Pero, además, según el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, en su artículo 25, las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, activándose el conocido como crédito fiscal y contabilizando un activo por impuesto diferido.
No obstante, de acuerdo con el principio contable de la prudencia valorativa, solo se reconocerá un activo por impuesto diferido en la medida en que exista una cierta probabilidad de que la empresa pueda obtener ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. El plan de negocio empleado por la empresa para realizar estas estimaciones debe ser realista de acuerdo con la realidad del mercado.
Por tanto, salvo prueba en contrario, si la empresa tiene un historial continuado de pérdidas, se presumirá que no es probable la obtención de ganancias futuras que permitan compensar dichas bases negativas. En este caso, es responsabilidad de los administradores de la sociedad contribuir a no enturbiar el reflejo de la verdadera situación económica de la empresa.
El reconocimiento de estos activos puede tener una trascendencia muy importante en el devenir futuro de la empresa, hasta el punto que su no contabilización pueda incurrir en algún supuesto de reducción de capital, de acuerdo con el artículo 363.1 y el 317.1 de la Ley de Sociedades de Capital, o incluso a causa de disolución. Por esta razón, es importante que, si la empresa concurre en alguno de los supuestos que dan derecho a la contabilización del activo por impuesto diferido, lo haga.
Con la crisis, son muchas las empresas que se han visto obligadas a contabilizar estos créditos fiscales, lo que incluso ha sido motivo de polémica en los medios de comunicación por su aplicación en entidades financieras rescatadas con dinero público y contabilizadas de forma ilegal.
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