Difícil cuestión la que planteo. En primer lugar no es agradable en absoluto ser víctima de un robo, una estafa o una apropiación indebida, y en segundo lugar es menos agradable afrontar el problema que ocasiona un comportamiento de este estilo por algún integrante de nuestra organización.
Cuando se comete un delito, siempre tenemos a la justicia de nuestra parte, al menos se presupone la seguridad jurídica de nuestro sistema judicial, pero aquí estamos hablando de un problema real y tangible y no de derechos, deberes y código penal. La preguntas que nos tenemos que formular en estos casos son las siguientes:
- ¿Quiero recuperar mi dinero?
- ¿Quiero que el empleado siga en la empresa?
- ¿Quiero que el empleado que ha cometido el hecho pague por ello?
Antes de responder a todas estas preguntas, debemos calificar el daño económico bajo nuestro punto de vista. No es lo mismo que nos falten 30 € de la caja registradora a que nos birlen por métodos más sutiles 30.000 €. ¿Por qué esta calificación? Porque si de verdad nos han dado un palo bueno, las preguntas anteriores pueden cambiar de sentido.
Pero. independientemente de la calificación que le demos, nuestro principal objetivo debe ser recuperar nuestro dinero, no meter a nadie en la cárcel. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndoselo al trabajador que se lo ha llevado. Afrontar cara a cara una situación de este tipo, puede generar que el “presunto culpable” (y no me refiero a nuestro compañero de blog) se le venga el mundo encima y suelte lo que no es suyo inmediatamente.
Además, cuando entablamos una posición de pedir responsabilidades de este estilo, ofrecer la opción de la baja voluntaria al trabajador para que la firme, y aquí paz y después gloria, es la mejor solución para todos. Nosotros recuperamos nuestro dinero y nos desprendemos del trabajador si hemos perdido la confianza, que va a ser lo normal.
Pero, si en nuestro interior, queremos que pague por el hecho que ha realizado, no nos queda más remedio que recurrir a la justicia ordinaria, tramitando la correspondiente denuncia por el delito que haya cometido. Pero, si analizamos friamente la situación ¿que beneficio obtenemos de un procedimiento judicial?
En el caso de un escenario que logremos recuperar nuestro dinero y eliminar al trabajador de la plantilla, comenzar un procedimiento judicial de esta índole sólo nos genera un enemigo más, pérdida de tiempo, costes de defensa si llevamos un abogado y procurador particular y mala imagen, porque al fín y al cabo si un trabajador nos ha dado estafado, siempre habrá quien piense que nuestra empresa es un descontrol.
Y por si fuese poco, en la mayoría de los casos, los delitos que se cometen tienen penas menores. Es más, personalmente, a mi me roban 60.000€ y si los recupero, no me molesto en meter a nadie en la cárcel. Mi conciencia no da para tanto, porque yo lo que quiero en el fondo es mi dinero, no venganza. Además, antes de poner un pie en el juzgado siempre me acuerdo de la maldición gitana: “Pleitos tengas… y los ganes”
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