Hace días discutimos sobre el caracter español a la hora de justificar el fraude. Hoy saltan dos noticias que ahondan, más todavía en las armas que el Estado debe utilizar para afrontar este tipo de situaciones.
Por un lado, y, la economía sumergida alcanza en España el 23,6%, y, por otro, el Gobierno Británico pagará comisiones a los que delaten a los defraudadores. Desde luego, la crisis está afectando considerablemente a las arcas de los Estados y todos están buscando la manera de incrementear los ingresos.
Estos datos sobre la economía sumergida, anunciados por GESTHA, esto es los técnicos de gestión y subinspectores de Hacienda, probablemente no será confirmados por responsables del Ministerio de Economía y alegarán el consabido discurso de que los datos de la economía sumergida no existen porque si no, no sería sumergida, y son todo meras suposiciones.
Sin embargo, con el nivel actual de paro en nuestro país y las estadísticas del número de familias que no tienen ingresos, si no existiera esa economía sumergida la "paz social" que hemos vivido hasta ahora, sería practicamente imposible.
¿Qué pasaría en nuestro país si se tomara una medida como la que se plantea en Gobierno Británico? Prefiero no imaginármelo, quizá volveríamos a los tiempos en que se delataba a los vecinos por sus ideas políticas. El Estado debe vigilar que los contribuyentes cumplan la Ley y todo el mundo pague lo que le corresponde, pero no debería de delegar en los ciudadanos esa labor de vigilancia.
Es probable que si cada uno pagara lo que debiera, los ingresos del Estado aumentarían de tal manera que no harían falta más subidas de impuestos, como se rumorea que aplicarán. Por otro lado, ya existe la posibilidad de que cualquier persona denuncie, ante Hacienda o la Seguridad Social, comportamientos "opacos", eso sí, sin recompensa alguna.
Pagar por ese tipo de información, no me parece la mejor política para evitar ese problema, ¿para qué están si no los inpectores?
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