Ayer os expusimos el nuevo anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Aparte de las medidas ya comentadas, el texto incluye otras con las que se pretende poner el foco en combatir el empleo sumergido y el correspondiente fraude a la seguridad Social.
El Gobierno pone el acento en los efectos que esta situación tiene para la economía española en el sentido de que el empleo irregular supone una merma de derechos sociales y laborales de los trabajadores, produce una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones y supone una evidente pérdida de ingresos para los recursos de la Seguridad Social. Por ello se pretende intensificar la lucha contra la situaciones irregulares en el marco laboral.
Para ello se toman medidas que permitan impulsar el afloramiento de la economía sumergida. Con éstas se pretende combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. También hacer aflorar posibles situaciones fraudulentas en la percepción de otras prestaciones de la Seguridad Social y corregir la obtención de prestaciones mediante fraude de ley, sobre todo en los casos en que constituyan empresas ficticias para disfrutar de esos beneficios.
Para hacer más efectivo este control se incorporarán nuevos efectivos al sistema de inspección, en concreto 53 Inspectores y 60 Subinspectores. Se intensificará la vigilancia y control sobre la percepción indebida de prestación públicas con ocasión de despidos colectivos. Se llevarán a cabo nuevas campañas de inspección donde están identificadas posibles bolsas de fraude y se harán nuevos seguimienos del empleo aflorado por la Inspección para evitar que vuelva a sumergirse.
Se modificará el Código Penal para estos casos. En concreto se ampliará el periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social de 5 a 10 años. Además se procederá a exigir el pago de las cuotas defraudadas para la exención de la responsabilidad penal y se tipificará como delito el empleo simultáneo de varios trabajadores en situación irregular.
Resulta evidente que la lucha contra el fraude ha de ser uno de los objetivos de cualquier gobierno y más si cabe cuando se estima que la economía sumergida en nuestro país alcanca cerca del 25% del PIB. Por eso todo lo que suponga rebajar esa cifra a un margen más acorde con el del resto de los paises de la eurozona es una buena noticia. Otra cosa es que esto finalmente resulte efectivo y que además se aprueben medidas que favorezcan a los que crean empleo o a los que están o pueden estar en disposición de crearlo. Respecto a este último punto, seguiremos esperando.
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Imagen | La Moncloa