Hace una semanas se aprobó una directiva comunitaria que puede ayudar, en parte, al cumplimiento de los plazos de pago fijados por la Ley contra la Morosidad, que tan pobres resultados está ofreciendo. En concreto, la directiva establece que a partir de ahora, quien sobrepase los plazos de pago establecidos para el pago de sus facturas deberá abonar no sólo el importe de las mismas, sino también todos los gastos derivados de las gestiones que el acreedor haya realizado para poder cobrar esas facturas.
Dentro de esos gastos se incluyen el coste de las llamadas telefónicas u otras comunicaciones realizadas para reclamar el pago de las facturas pendientes (cartas certificadas, burofax, etc.), los gastos de la empresa de gestión de recobro a la que acuda la pyme para poder percibir su dinero a tiempo o los gastos del abogado que se haya contratado para reclamar judicialmente al deudor.
Esta medida ofrece mayor protección al proveedor, sobre todo en los casos en que los retrasos no vienen justificados por la falta de liquidez del deudor sino que se derivan de una práctica sistemática de demora del pago. Lo mismo puede ocurrir con las deudas que las administraciones públicas mantienen con sus proveedores.
Algunas voces se han mostrado a favor de esta medida pero consideran que es insuficiente y reclaman un severo régimen sancionador para estos incumplimientos, incluyendo fuertes multas para los que sobrepasen los plazos de pago.
Por otro lado, y volviendo a las deudas de las administraciones públicas, las sanciones económicas sobre las propias administraciones tampoco suponen una solución, teniendo en cuenta que los gastos y sanciones que acarreen esos incumplimientos repercuten sobre la administración y, al final, sobre los contribuyentes que la sostienen.
Quizá debería de ponerse el acento en la responsabilidad personal de aquellos que provocan estos incumplimientos y en los casos en los que esa política de morosidad es en realidad una estrategia de financiación que permite operar con el dinero de otros.
Vía | El Economista
En Pymes y Autónomos | Las grandes empresas incumplen los plazos de pago mucho más que las pymes
Imagen | Andres Rueda