España ha sido tradicionalmente un país donde sus trabajadores se movían más bien poco desde su residencia original a otras provincias por trabajo. Sin embargo, la crisis económica, las nuevas perspectivas laborales y el crecimiento cada vez mayor de los servicios han cambiado este paradigma por completo.
Así se desprende, al menos, del último análisis de Ranstad sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España, que alcanzó un récord en 2018. Los contratos que suponen un cambio de provincia alcanzaron los 3,1 millones por primera vez en toda la historia, con una tasa de movilidad del 14%.
En concreto, durante el pasado ejercicio se firmaron 3.115.364 contratos, frente a los 2.914.055 contratos de movilidad firmados el año pasado. Este registro supone, por tanto, un incremento del 6,9% con respecto a 2017, y un 113,2% más que en 2001, la cifra más baja de la serie histórica, con 1.461.057.
Por sectores, la mayor movilidad geográfica se da en la agricultura, donde casi uno de cada cuatro contratos supone un cambio de residencia de una provincia a otra (24,2%), un dato 10 puntos porcentuales mayor que el de la media nacional. Justo por detrás se sitúa el sector de la construcción (17,2%), servicios (12,2%) e industria (10,2%).
La movilidad geográfica por regiones
Las comunidades receptoras son, evidentemente, aquellas donde se registra un mayor dinamismo laboral y económico. Madrid y Barcelona son, con bastante diferencia, las provincias más receptoras de trabajadores de otras regiones. En concreto, a Madrid llegaron 502.741 trabajadores de otras provincias el año pasado, mientras que a Barcelona lo hicieron 285.048. En total, dos de cada cuatro trabajadores con contrato de movilidad se mudaron a estas dos provincias.
En total, hay 15 provincias con saldo neto positivo (con más trabajadores que llegan que los que salen) y 35 con saldo neto negativo. De estas últimas destacan Cádiz (71.047), Toledo (45.824) y Alicante (40.463), Tarragona (32.470) y Córdoba (32.283). Estas cinco provincias son las únicas que registran un saldo neto negativo superior a los 30.000 trabajadores.