El pasado 24 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la relación de patrimonio de los miembros del Gobierno. Una publicación que no ha estado exenta de polémica, y no tanto por la valoración de los bienes declarados por sus señorías, si no más bien por la interpretación de estos datos.
Algunos diarios digitales, como El Economista u OK Diario afirmaron, de manera errónea, que Pablo Iglesias e Irene Montero habían declarado conjuntamente un patrimonio total cercano a los 1,6 millones de euros. La realidad es bien diferente: entre ambos, su patrimonio neto apenas alcanza los 700.000 euros.
Pero, ¿qué explica esta disparidad tan grande? La respuesta es sencilla: la forma de cálculo empleada. En esta declaración de bienes obligatoria se incluyen cinco partidas: bienes inmuebles, depósitos en cuenta corrientes, participaciones en sociedades, seguros de vida y planes de pensiones y demás bienes de contenido económico. Pero, además, también se incluye su pasivo.
El error de ambos diarios ha sido doble: por un lado, considerar que el pasivo no es una partida que forma parte del patrimonio y, lo que es aún más grave, sumárselo al conjunto de activos. Es decir, mezclar churros con merinas.
El cálculo del patrimonio de cualquier persona física no dista al de una sociedad. El patrimonio neto se calcula como la diferencia entre la valoración de los activos y la de los pasivos, y es el cálculo que se utiliza a efectos tributarios o legales. De hecho, una sociedad puede tener una valoración de activos superior al millón de euros y estar en quiebra técnica si el valor de los pasivos es superior.
Desde luego, utilizar únicamente el conjunto de activos como cálculo de su patrimonio es, cuando menos, capcioso; sin embargo, sumarle el valor de los pasivos es ya directamente erróneo.