Se ha presentado el Plan España 2050 como una estrategia a largo plazo para definir cómo queremos ser de mayores. En 30 años, un periodo suficiente como para afrontar cambios de calado en la economía española, pero que requieren de ir dando pequeños pasos. Y una de las cuestiones en las que casi todo el mundo está de acuerdo es la necesidad de recaudar más impuestos y reducir la economía sumergida.
En la primera parte se establece como objetivo que el esfuerzo fiscal tiene como objetivo reducir la brecha, primero con la media de la UE, y después con las 8 principales economías de la UE. Y aquí el esfuerzo a realizar es importante. Porque se trata de aumentar la recaudación fiscal sobre el PIB en 8 puntos a lo largo de estos 30 años.
Un esfuerzo fiscal más acorde con la media de la UE
En 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la Unión Europea y del 43% de las ocho economías más importantes dentro de la Unión. España quiere situarse en este peldaño en 2050. Pero es un escalón muy grande para hacerlo de una vez, y propone dos pequeños hitos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.
Uno de los puntos donde se quiere incrementar la presión fiscal es en la recaudación medioambiental. Con una premisa, el que contamina más, paga más. Se pretende aumentar la fiscalidad tanto viajes cortos en avión como el vehículo privado. La recaudación medioambiental sobre PIB es del 1,8% en España, unos 20.000 millones de euros. El objetivo del Gobierno es que este porcentaje pase a ser del 2,6% en 2030, en línea con la media de los países europeos de nuestro entorno. De ahí las estimaciones son que ese porcentaje se sitúe en el 4% en 2040 y en el 5% en 2050.
Aquí veo un problema, si se incentiva el paso del vehículo de combustión al eléctrico y lo que se gravan son las gasolinas, llegará un momento que por lógica serán muy pocos los vehículos que consuman este tipo de combustibles. Y la recaudación bajará. ¿Se va a crear una impuesto a la recarga eléctrica para vehículos? Esta es una patata caliente que tienen todos los estados, no solo el español, si son capaces de renunciar a estos ingresos o si una vez completada la transición, los eléctricos pagarán por recarga...
Y lo que no se ha puesto de relieve, y me parece extraño, es la eliminación o al menos una reducción significativa de la cantidad de actividades o productos que se benefician de un IVA reducido. Y me temo que más pronto que tarde es algo que se va a tocar para aumentar la recaudación. Pero quizás antes el objetivo esté en asegurar que no se pueden escapar del control fiscal, para que lo que se gana aumentado tipos no se pierda por otro lado porque no se declara.
No son los únicos que se pueden retocar. El impuesto de Sociedades o el IRPF y los beneficios que reducen la efectividad del mismo están en cuestión. Y aquí quizás los primeros cambios podamos ya verlos en 2023, una vez que la recuperación haya enderezado el camino de la economía a corto plazo.
Tapar los agujeros de la red de recaudación
Pero otro de los aspectos claves que se quiere potenciar es una reducción de la economía sumergida, del 20% actual al 10% del PIB. Y esto implica más control sobre la facturación de las empresas. Aquí mi apuesta personal es ir acotando las empresas por la parte alta y por la parte baja que están fuera de un control en tiempo real. Bajar los límites del SII y control de facturación similar para autónomos. Y por supuesto fin del sistema de módulos.
A nadie le gusta pagar impuestos. La otra opción es una administración más eficiente y una reducción del gasto en determinadas partidas, que en su mayoría tendrían que ver con el estado del bienestar, pensiones, sanidad, educación o dependencia que son las que se llevan un porcentaje más alto del presupuesto. Toca decidir que queremos ser de mayores.