Desde el momento en que se decidió aprobar la amnistía fiscal desde aquí manifesté mi desacuerdo con la medida. Los términos en los que se planteó la medida eran para casi todo el mundo muy perjudiciales pero eso no justifica que ahora la presión social derivada de determinados acontecimientos políticos haga que el Ministerio de Hacienda deba cambiar las reglas del juego y pueda modificar las condiciones de ese proceso de regularización.
Lo que la medida establecía era cierta impunidad para los que se acogieran a la misma en el sentido de que la medida no se utilizaría para realizar procedimientos de inspección posteriores, salvo la mera comprobación de los datos que en ella se indican.
La situación ahora a dado un giro y la propia directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha dicho que “vamos a analizar todas las declaraciones de la amnistía fiscal y veremos lo que nos encontramos”. Lo que no parece que esté muy en la linea de lo aprobado en su día.
La cuestión es que si en su momento decíamos que el fin no justificaba los medios y que el mero hecho de buscar un aumento de los ingresos de Estado no debería ser motivo suficiente para acceder a que provinieran de una regularización del dinero defraudado, tampoco debemos plantearnos que ahora la autoridad competente pueda cambiar de opinión y actuar contra los que se acogieron a la amnistía.
Ya se sabía desde el primer momento que el dinero que iba a aflorar era irregular, los propios inspectores de Hacienda se habían opuesto abiertamente a la medida, lo mismo que la sociedad en general. ¿A qué vienen ahora estos escrúpulos?
Además el propio Ministro comunicó muy orgulloso hace unas semanas el resultado de la medida y lo beneficioso de haber logrado 1.250 millones de euros de recaudación. Lo que ha ocurrido después con ciertas personas que se beneficiaron de la medida era uno de los riesgos de la medida ¿no lo tenían previsto?
En Pymes y Auónomos | Hacienda podría inspeccionar a los que se acogieron a la amnistía fiscal Imagen | Nomadic Lass