El Gobierno, a través de su portavoz Soraya Saez de Santamaría, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, que se procederán a aprobar nuevas medidas para el control del fraude fiscal y de la economía sumergida. Entre ellas figurará la limitación del pago en efectivo a partir de un determinado importe.
Más allá de que este plan del gobierno no parece ser muy ambicioso, teniendo en cuenta los resultados de los planes puestos en marcha por el anterior gobierno, los técnicos de Hacienda estiman que si la limitación se aplicara a un máximo de 1.000 euros se podrían recaudar 26.000 euros anuales más.
La medida ya está en vigor en otros paises de la UE y consistiría en que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador cuyo importe sea superior al límite marcado por la ley.
Falta ver cómo se instrumentaliza esta norma y cuál va a ser el límite que se aplique en la misma. En Italia dicho límite se fijó en 1.000 euros y en Francia se restringen los pagos a 3.000 euros entre empresas y a 1.500 euros en el caso de los pagos relacionados con los salarios.
Por supuesto no podemos valorar a priori el efecto que tendría esta medida, sobre todo sin ver los resultados reales de su aplicación, pero lo que sí puede suponer es un aumento de las cargas financieras para las empresas. El tener que recurrir obligatoriamente a transferencias, cheques, pagarés, u otros, para realizar pagos o cobros. Las empresas deberán pagar las comisiones que cajas y bancos cobran por su uso, algo que al efectuar esos pagos en efectivo se podían ahorrar.
En Pymes y Autónomos | Plan de Control Tributario 2011: la lucha contra la economía sumergida
Imagen | Eric Caballero