Más de tres millones y medio de votantes es un nicho de votos demasiado grande como para dejarlo escapar. A lo largo de los últimos años, han sido numerosas las iniciativas y medidas que se han puesto en marcha con el fin de favorecer el nivel de vida de los trabajadores autónomos. La última de ellas ha sido la ley de autónomos, la cual está por ver si finalmente tiene la eficacia prevista por los legisladores.
Sin embargo, casi todas ellas han acabado en un fracaso monumental. Si bien la idea inicial era buena, la falta de información acerca de las repercusiones y la articulación de la medida, en ocasiones escasa, en otras incompleta y en otras, directamente errónea, han acabado tirando por la borda lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para favorecer a este colectivo. Estas son los cinco errores más importantes de los últimos ocho años.
El IVA de caja
Fue la crónica de un fracaso anunciado, a pesar de las optimistas previsiones del Gobierno. Se vendió como una solución para evitar el adelanto del IVA por las facturas no cobradas, y de hecho en base a ésto se había solicitado desde diversas asociaciones de empresarios, pero el coste de acogerse al mismo no lo hacía nada atractivo.
Por un lado, porque los costes de la gestión del IVA de caja era demasiado elevado para muchos pequeños negocios y, por otro, por el criterio de doble liquidación del impuesto, especialmente cuando se trabajaba con clientes y proveedores que estaban acogidos al IVA de caja y que, por tanto, no podían aplicar el criterio del devengo a la hora de deducirse su IVA.
Ley de Morosidad
Toda Ley ha de ser cumplida, excepto la Ley de Morosidad. En un momento en el que los plazos de pago a proveedores eran demasiado dilatados, el Gobierno optó por la solución fácil: establecer en 30 días el plazo máximo de pago de las administraciones con los proveedores, y de 60 en el caso de las empresas.
Consecuencia: apenas el 8% de los autónomos cobraban las facturas en el plazo establecido, y el periodo medio de pago se elevó hasta los 150 días en algunos puntos de la crisis. Y aunque este periodo ha ido mejorando a lo largo de los últimos años, todavía son muchos los proveedores que siguen recibiendo el abono de sus facturas con periodos demasiado dilatados.
Plan de pago a proveedores
Unido a la Ley de Morosidad, el Gobierno presentó un plan de pago a proveedores, que consistía en una línea de crédito creada por el gobierno español en el año 2012 y concebida para que el Estado preste dinero a las Entidades Locales, habiendo recibido en total casi 10.000 millones de euros.
Sin embargo, aunque a priori parecía una buena medida, lo cierto es que no todos los Ayuntamientos han podido acogerse a este mecanismo y, en cualquier caso, han tenido que asumir una nueva deuda que no siempre se ha visto con buenos ojos. Además, el objetivo inicial de la medida, reducir el periodo medio de pago a proveedores, tampoco se logró tal y como estaba esperado.
Ley de Segunda Oportunidad
En un desesperado intento por habilitar una suerte de proceso concursal para personas físicas, el Gobierno puso en marcha en 2015 la ley de la segunda oportunidad, que hacía que las deudas quedasen exoneradas para los autónomos que se declarasen en quiebra, tal y como ocurre con las sociedades de responsabilidad limitada.
En la práctica, unos requisitos muy ambiguos y difíciles de cumplir hicieron que la ley de la segunda oportunidad acabase naufragando. En los primeros años, tan solo se presentaron 1.400 concursos en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania.
La tarifa plana de autónomos
El fracaso más reciente ha sido la tarifa plana, una bonificación en la cuota a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante los primeros meses de actividad. Sin embargo, desde su puesta en marcha en 2013, tan solo el 15% de los autónomos que se acogieron a ella continúan con su actividad.
El problema no es tanto que tenga que existir una tarifa plana temporal para nuevos autónomos, sino que los costes laborales son demasiado elevados. Los autónomos soportan una cuota mínima de 278 euros al mes sin bonificaciones, y si bien los 50 euros iniciales constituyen una importante ayuda, no es suficiente para muchos negocios que tienen que echar el cierre de manera abrupta.