El fomento de las oportunidades de negocio, y la actitud emprendedora deberían ser la base fundamental sobre la que cimentar la recuperación económica para que esta sea estable y sostenible, sobre todo en el momento en el que el dato del paro alcanza proporciones históricas, y vuelve a ser la principal preocupación de millones de familias españolas.
Sin embargo, según el Informe Doing Business 2010 del Banco Mundial, España está clasificada en el número 62 en facilidad para hacer negocio en 2010, 11 posiciones más abajo con respecto a la edición anterior, muy lejos de la posición que correspondería a una de las principales economías del mundo. Este índice mide la facilidad para empezar a emprender, para contratar, la facilidad a la hora de afrontar los trámites administrativos, registrar propiedades, obtener créditos, pago de impuestos o índice de protección y cumplimiento de contratos.
Para los analistas del Banco Mundial es preferible durante 2010 emprender un negocio en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, o Japón. Hasta aquí nada reseñable, pero también otros países como Corea, Sudáfrica, Chipre, Tonga o Mongolia están por delante de nuestro país en la clasificación de la facilidad para emprender y hacer negocio.
Uno de los principales frenos a la actividad económica en España son las pesadas trabas burocráticas que tienen los emprendedores para poder poner en marcha cualquier iniciativa. En un escenario en el que se intenta desde la Administración incentivar que surjan proyectos innovadores y fomentar la aparición de emprendedores que generen empleo, es absurdo que luego ese esfuerzo público en fomentar la figura del emprendedor caiga en saco roto ante las enormes trabas burocráticas. No es de recibo que en España los trámites para abrir una empresa nos lleven a una media de 10 procedimientos administrativos y 47 días de media, mientras que la media en la OCDE se encuentra en 5 procesos y 13 días.
Es el momento de exigir que se agilicen y faciliten todos estos procesos, el Gobierno y las comunidades autónomas tienen una asignatura pendiente, y aunque todos los años se anuncian medidas para simplificar los trámites administrativos en la apertura de empresas estamos en el furgón de cola por detrás de casi todos los países de nuestro entorno. Se pide a las empresas que innoven y que se adapten a las nuevas tecnología, pero las propias administraciones no cumplen con esa premisa.
Se están haciendo intentos para poner en marcha sistemas, a través de internet, que agilicen todos los procedimientos administrativos con las Administraciones, pero no nos engañemos, no hay todavía en los Organismos Públicos capacidad suficiente para desarrollarlos. Un cosa tan simple como el envío de impuestos por vía telemática a la Agencia Tributaria, que lleva varios años funcionando, todavía tiene problemas y es casi constante la saturación de la página web de Hacienda en los periodos de envío de esos impuestos.
Otra cosa tan simple como la utilización del DNI electrónico para los trámites con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas no ha sido implantado en la mayor parte de ellos, se había fija un plazo que ya se ha incumplido y se ha puesto otro objetivo para el 2012, que muchas administraciones locales ya han calificado de inalcanzable.
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