Cuando se habla de economía sumergida se suelen estimar las cantidades globales, pero no lo que Hacienda deja de ingresar. La mayoría de los estudios estiman el valor de esta economía B entre los 120.000 y los 200.000 millones, por lo que el fraude fiscal estimado por el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales se sitúa en torno a los 26.000 millones.
Para intentar reducir o minimizar dicha cantidad han realizado una propuesta de 20 medidas, entre las que destacan mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, facilitar las regularizaciones de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de forma especial a los nuevos empresarios, hacer una rápida difusión de criterios interpretativos.
Lo cierto es que en un momento donde la administración en muchos casos va menguando, disminuye el número de personas que se necesitan para realizar la atención ciudadana al aumentar el número de procedimientos que se realizan telemáticamente, no se están destinando esos recursos a la inspección tributaria.
Tampoco en lo que respecta a la difusión de la interpretación de la normativa, algo que crea mucha confusión en los obligados tributarios. Al final parece que una cosa es lo que diga la ley y otra bien diferentes la interpretación que desde el Ministerio de Hacienda le dan. No hay más que ver el ejemplo de las deducciones de los autónomos que trabajan en casa que siguen en el limbo.
Una de las medidas que me parecen muy acertadas está en la tutela de nuevos empresarios, donde no estaría de más que Hacienda informara de sus obligaciones al darse de alta, tal y como se realiza en otras circunstancias. La colaboración entre administraciones y la reducción de los tiempos de resolución también ayudarían a dar ejemplo entre diferentes colectivos.
En Pymes y Autónomos | La Agencia Tributaria vuelve a marcar récord en su lucha contra el fraude