A pesar de que la regulación en materia bancaria debería pasar desapercibida para las pymes y los autónomos, y más cuando esta regulación se dicta desde las más altas instancias comunitarias, lo cierto es que, tras la publicación y puesta en marcha de las normas bancarias de Basilea III, que exigen a las entidades financieras un cociente de solvencia mínima en función de sus activos ponderados por riesgo, obtener financiación es una tarea cada vez más difícil.
Así lo ha afirmado Sebastián Reyna, Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) durante la clausura de su IV Congreso Nacional. La difícil situación de los autónomos se ha agravado sobremanera porque los acuerdos de Basilea III les declaran insolventes estructurales.
Basilea III exige un coeficiente de solvencia determinado en función del riesgo de los activos de las entidades financieras. El ajuste en el balance de los bancos se realiza en función de una serie de parámetros entre los que se encuentra la probabilidad de impago. Las entidades tienen que aumentar su capital bancario para evitar la quiebra técnica.
No en vano, entre las garantías de solvencia mínimas que están obligados a mantener en sus balances las entidades financieras, los autónomos deben justificar que en el desarrollo de su actividad no han perdido ventas o volumen de producción en los dos ejercicios anteriores a la solicitud de crédito, una tarea difícil y más en épocas de recesión como las que nos encontramos.
La AEB ya ha negado que las normas de Basilea III vayan a cortar la financiación a las pymes cuando su verdadero objetivo es, en realidad, ampliar la base de crédito a las entidades minoristas. No en vano, los registros del Banco de España indican que la nueva financiación a las pymes creció un 5%, hasta los 11.795 millones de euros. Unos datos que parecen contradecir las palabras de Sebastián Reyna.
Sin embargo, las normas de Basilea en materia bancaria, pese a que deberían servir para aumentar la solvencia y liquidez bancarias para mejorar el acceso a la financiación, han tenido el efecto contrario. Basilea II ha sido uno de los detonantes del fraude de las participaciones preferentes y Basilea III ha restringido aún más si cabe el riesgo de las entidades financieras. Riesgo que, por otro lado, está presente en la mayoría de pymes y autónomos, limitados por su reducida solvencia y más en tiempos de crisis.
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