A nadie le gusta tener una inspección de Agencia Tributaria. A pesar de que muchos negocios están ya avisado con las cartas que les advierten de las inconsistencias fiscales encontradas, la mayoría de las acciones que se llevan a cabo no dejan de ser rutinarias. Pero últimamente también se ha detectado cómo Hacienda endurece las inspecciones acudiendo con órdenes judiciales a las empresas.
El objetivo es requisar libros de contabilidad, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores o discos duros. Dispositivos que puedan albergar la información de una doble contabilidad. Lo habitual es realizar la inspección y en caso necesario llamar al investigado para que aporte la documentación necesaria.
Además las órdenes de registro se están acompañados de funcionarios de Aduanas, más habituados a realizar registros y que tienen más conocimiento de los programas de doble contabilidad que se suelen utilizar en diferentes empresas o dónde suelen guardarse los datos comprometidos.
El problema para muchos negocios no es solo legal, sino de funcionamiento. Requisar un ordenador o un terminal de punto de venta en un bar significa que no puede cobrar ya que la mayoría de ellos no tienen más de uno. Por lo tanto se produce un doble prejuicio, ya que en muchos casos no se puede trabajar mientras dura la inspección, pero tampoco después porque nos faltan herramientas.
La realidad es que Hacienda lleva tiempo con el foco en el pequeño comercio y los negocios. La actividad inspectora se está centrando en pymes de hostelería, pero también consultas médicas, farmacias o negocios de compra venta y ámbitos peculiares como el de las bodas. En este último caso se centra sobre todo en que las empresas de servicios y los salones declaren toda la actividad realizada.
Si a esto le sumamos las campañas de Inspección de Trabajo la realidad es que muchas empresas se pueden pasar el verano más preocupados por saber cuándo van a llamar a su puerta que por dirigir su negocio de forma eficiente para ganar dinero y tributar lo que corresponda por ello o cotizar lo que marca la ley por sus empleados contratados.
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