Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESHTA, la Agencia Tributaria recaudó el año pasado 10,6 euros por cada uno invertido en la guerra contra el fraude fiscal. Podemos decir que la lucha contra el fraude fiscal sale muy rentable como inversión.
Se estima que los niveles de la economía sumergida en España están alrededor del 25% PIB, por lo que reducir hasta un 13 o 14% esta economía sumergida supondría aumentar la recaudación unos 25.000 millones más al año. Esto en un momento donde la inversión en políticas sociales crecerá en los presupuestos podría cubrir una buena parte de ellos.
Por eso el GESHTA pide más medios para equiparar el número de efectivos que tienen disponibles y ponerlos a nivel del resto de países de la UE. Algo similar a lo que se ha hecho con la Inspección de Trabajo, un organismo que ha sido reforzado y cuya inversión se ha recuperado en forma de cotizaciones a la Seguridad Social.
Quizás también tendríamos que hablar de algunos criterios que impone la Agencia Tributaria, demasiado restrictivos para deducirse gastos afectos a la actividad económica. Valga como ejemplo las dietas de los autónomos. Una economía sumergida tan elevada pone la carga de culpabilidad ya de facto en los contribuyentes cuando no debería ser así.
Si hemos realizado un gasto por nuestra actividad económica deberíamos tener derecho a deducirlo, no estar al albur de un criterio u otro de la Agencia Tributaria. Es muy fácil apretar a un autónomo o a un pequeño comercio que no tienen armas para defenderse y muy complicado meterse en la fiscalidad de grades corporaciones que tienen expertos tributarios capaces de discutir cualquier criterio que impone la Agencia Tributaria.
Tampoco estaría de más acabar con sistemas como el de módulos, que en teoría poco a poco tienen que ir reduciendo sus límites para que cada vez sean menos los que pueden acogerse a ellos. Pero veremos cómo llega y cuánto tiempo tarde en ponerse en marcha.