Se venía anunciando a bombo y platillo y parece que, finalmente, parece que verá la luz. El Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, presentado por la coalición de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, contempla una reducción en los incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales, al tiempo que trata de impulsar los planes de empleo.
En concreto, los límites de desgravación se reducirían drásticamente, al pasar de 8.000 euros al año a 2.000 euros anuales. Un límite que, aunque parezca reducido, se corresponden con las aportaciones reales por parte de los partícipes, ya que el 90 por ciento apenas llega a esta cantidad.
Al mismo tiempo, se priorizará el ahorro individual a través del segundo pilar, es decir, los planes de empleo, un tipo de instrumento que se impulsa dentro de las empresas en la relación laboral con sus trabajadores. El Ejecutivo pretende elevar el límite de desgravación para este tipo de vehículos, al pasar de los 8.000 euros actuales, hasta 10.000 euros.
La proclama es clara: los trabajadores deberán complementar su pensión pública con ahorro privado, pero impulsado dentro de las relaciones laborales. El gran problema es que estos últimos todavía no están suficientemente desarrollados en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde ya constituyen uno de los pilares importantes de cara a la jubilación.
En concreto, los planes de empleo han acumulado en España 35.000 millones de euros, mientras que por medio de los planes de pensiones individuales se han llegado a un patrimonio agregado de 75.000 millones de euros, más del doble. Sin embargo, este puede constituir un impulso añadido que desemboque en un modelo similar al británico, donde las empresas están obligadas a ofrecer planes de empleo a sus trabajadores.