Personalmente estoy a favor del arbitraje como vía extrajudicial para solventar conflictos. Pero hay que ser realista y en nuestro país hay determinada cuestiones que hacen que está vía no acabe de cuajar del todo. El principal problema que plantea el acudir a la vía del arbitraje para una pequeña empresa es su precio. Así se calcula que su precio es un 20 o 25% más caro que contratar a un abogado y a un procurador.
Hay que pagar los honorarios de la entidad arbitral en la que se lleve a cabo, los honorarios de los correspondientes árbitros y los honorarios de nuestro abogado. Y a todo esto hay que sumarle las costas de la ejecución del laudo que se llegue a dictar. Por eso el arbitraje tiene mucho más éxito en otros países en los que los honorarios de los abogados son muy elevados, como los anglosajones.
Otra evidente desventaja es que la resolución que pone fin al arbitraje no es susceptible de recurso. Sólo existe una acción de anulación, cuyo objeto únicamente es la de garantizar que se han respetado los derechos fundamentales procesales. Es decir los derechos de audiencia, contradicción e igualdad. Pero no existe un derecho al recurso en si, lo que constituye una merma en nuestros derechos.
Finalmente, la última de las desventajas tiene que ver con los árbitros y con su proceso de selección. ¿Cómo se seleccionan? ¿Qué tipo de garantías de objetividad tienen? Para mí es lo que más inseguridad me produce. A diferencia de los jueces, los árbitros no están sometidos únicamente al imperio de la ley con las consecuencias que ello tiene.
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