Una mayor seguridad jurídica para los consumidores en sus reclamaciones a las empresa es lo que desea la Unión Europea. Por ese motivo el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para incorporar la directiva comunitaria para que los procedimientos de ligios entre consumidores y empresas sean gratuitos o tengan un precio simbólico. De esta manera se evita tener que acudir a la vía judicial gracias a mecanismos de arbitraje.
La Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, detalla cómo se deben resolver de forma alternativa los litigios en materia de consumo. Los consumidores de la Unión pueden resolver sus contenciosos de igual manera con todas las empresas sean del estado que sean dentro de la propia Unión Europea.
El Proyecto de Ley se tramitará de forma urgente, y busca además de abaratar los costes de las reclamaciones agilizar las resoluciones mediante el uso de tribunales de arbitraje imparciales, transparentes, más rápidos y justos. De esta forma los posibles problemas que puedan surgir con contratos entre empresa y consumidor tienen una vía de resolución extrajudicial.
Los dictámines del tribunal de arbitraje podrán ser vinculantes o no. Ahora el texto se remite a las Cortes para su tramitación de forma urgente. Se someterán a este procedimiento los conflictos surgidos como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica, telefónica, etc. Quedan excluidos los conflictos entre empresarios así como los procedimientos iniciados o gestionados por los empresarios.
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