La Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre de 2017 entra en vigor el próximo día 9 de marzo. El objetivo de la misma es hacer la contratación pública más transparente en todas sus fases. La ley establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre calidad precio y es una oportunidad para las pymes a este tipo de contratos donde en muchas ocasiones han declinado participar por diferentes motivos.
Uno de los aspectos que todavía quedan en suspenso es la obligación de las empresas de inscribirse en un registro de licitadores, que entrará en vigor en septiembre. Para fomentar la competencia se han eliminado diferentes trabas que las pymes tenían para acceder a este tipo de contratos que suponen un 20% del PIB.
Las empresas de nueva creación no necesitarán acreditar trabajos anteriores con la administración para acceder a dichos contratos. También se reducen los años de experiencia para acreditar solvencia técnica, de 10 a 5 año en los contratos de obras y de 5 a 3 en caso de prestación de servicios.
Más importante todavía resultará la protección de los subcontratados ya que ahora al empresa concesionaria no podrá saltarse los plazos de pago. Además se permitirá a la administración pagar directamente a las subcontratas.Este punto fue objeto de debate y finalmente eliminado. Este ha sido uno de los grandes problemas de las pymes que trabajan con contratos públicos.
De todos es sabido que la administración paga mal. Cuando decimos que paga mal, nos referimos a que paga tarde. Esto ha mejorado ligeramente en los últimos años. Si no se pagaba en tiempo y forma, el contratista muchas veces alegaba que no podía pagar a empresas a las que había subcontratado, por lo que al final la deuda acaba cayendo sobre el eslabón más débil, aquel que tenía menos músculo económico para aguantar un impago.
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