El otro día un conocido me comentaba el caso de una empresa que quería establecerse en una zona de Galicia muy cercana a la frontera con Portugal, pero que finalmente se había decantado por el país luso debido al alto precio del suelo industrial español, cerca de 25 veces mayor que el de Portugal, donde el suelo está prácticamente regalado, cuando en realidad solo tenían que cruzar el río Miño.
El desarrollo del suelo industrial precisa de numerosos recursos públicos y es imprescindible para sostener el tejido productivo de nuestro país. Sin embargo, en España no se está gestionando correctamente; si a su alto precio añadimos una elevada disponibilidad nos encontramos con polígonos industriales y parques tecnológicos medio vacíos a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Por qué no abaratarlo?
De hecho, en este contexto, un empresario que decida llevarse su inversión a Portugal, donde el precio del metro cuadrado de suelo industrial es ofrecido a 8 euros, en contraste con los casi 200 euros de Vigo, se ahorraría cerca de 250.000 euros por una parcela de 10.000 metros cuadrados, dinero que bien se podría destinar a maquinaria, capital industrial, reducir márgenes comerciales o contratar personal. Un suelo irrisorio que garantiza no solo el establecimiento de sus empresas nacionales, si no la expansión de las empresas extranjeras a el país vecino.
Las facilidades que ofrecen las áreas industriales de otros países y las dificultades y falta de atractivo que transmite nuestro país al nuevo inversor quizá expliquen que cada vez más proveedores se asienten en los países de nuestro entorno, en donde, además, existen numerosos polígonos con parcelas y superficie disponible a precio irrisorio, o incluso gratis.
Si a todo ello añadimos un acceso cada vez más caro a la energía (en especial, a la electricidad) en comparación con el resto de países de la Unión Europea, un mercado de trabajo aún muy regulado y una cada vez mayor inseguridad jurídica nos encontramos con un panorama que no facilita en absoluto la inversión y establecimiento de empresas en nuestro país.
Por todo ello, sería recomendable facilitar e acceso al suelo industrial a las empresas mediante la concesión administrativa a 50 o 100 años a bajos precios siguiendo el modelo portugués. Todo ello para fomentar la inversión industrial, tanto española como extranjera y así compensar de alguna manera los graves problemas que está atravesando la empresa española en la actualidad.
En Pymes y Autónomos | El precio de la electricidad, un lastre para la competitividad de las empresas Imagen | Lissavetzky_Madrid