Se trata de analizar las implicaciones legales que tiene la implantación de la videovigilancia para el tratamiento de los datos personales, para dar a conocer a las empresas y entidades que las utilizan las obligaciones legales y principios de actuación que deben llevar a cabo. De esta forma se define videovigilancia como:
toda aquella actividad que supone la colocación de una cámara de grabación, fija o móvil, con la finalidad de garantizar la seguridad de una instalación o de las personas, asegurar el correcto desempeño de las tareas en el entorno laboral o ser de utilidad en diversos ámbitos
La guía constata un cambio de escenario en los últimos años como consecuencia de un cambio normativo por un lado, el avance de la tecnología y las posibilidades del vídeo a través de Internet y la expansión de la videovigilancia a distintos ámbitos antes desconocidos, lo que supone la expansión de esta actividad también al sector doméstico o educativo, por ejemplo.
La principal responsabilidad legal a cumplir es el deber de información del responsable del sistema a advertir que se está produciendo una captación de imágenes, el lugar en el que se produce y facilitar información de su instalación. Este es un punto muy fácil de subsanar y la mayoría de las sanciones se producen por desconocimiento de las empresas.
Dicho responsable es además el encargado del fichero que incorpore el tratamiento de datos personales que resulta de dicha actividad, de gestionar el acceso a terceros, de asegurar la integridad y confidencialidad de la información captada, así como de destruir las imágenes una vez cumplida la obligación de custodia. Así que si en vuestras empresas estáis utilizando la videovigilancia un vistazo a esta guía es prácticamente obligado.
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