14 millones de personas. No, no estamos hablando de la población de un país de tamaño medio de Europa, ni tampoco del número de ciudadanos sin censar en China. Se trata del número de personas que reciben algún tipo de prestación social en España, lo cual constituye más del 30 por ciento del total de ciudadanos que habitan nuestro país, según el censo de 2016.
Nuestro país es uno de los más generosos de Europa en lo que a distribución de prestaciones se refiere. Una situación a todas luces insostenible que está llevando al Gobierno de España a tomar medidas para reducir la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado, y que se pretende articular a través de un mayor control del fraude en esta institución.
Con este fin se creará una nueva tarjeta inteligente que incluirá todas las prestaciones y que revolucionará el modo de controlar las prestaciones sociales en España, según hemos podido leer en El Confidencial. Esta tarjeta social, impulsada en la última Conferencia de Presidentes, contendrá toda la información de las prestaciones de carácter público que reciba su titular, como desempleo, ayudas a familiares, pensiones, incapacidades temporales derivada de contingencias comunes y, en general, cualquier otra prestación que entreguen las diferentes administraciones públicas.
Esta tarjeta supone actualizar la existente en la actualidad, que se actualiza una vez al año con una eficacia es muy limitada. El objetivo de la misma es una actualización de la vida laboral del trabajador en tiempo real, para lo cual se conectará al Registro General de Prestaciones, un instrumento de control de las Administraciones Públicas creado en 1994 por el último Gobierno de Felipe González y dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El objetivo del Gobierno es que esta tarjeta esté operativa en 2018 para aquellos usuarios que tengan más dificultades con las nuevas tecnologías. El resto de españoles podrán operar con ella a través de su teléfono móvil, pudiendo acceder al registro general.
¿Servirá esta tarjeta para frenar el fraude en la Seguridad Social? En cualquier caso, la eficacia de la misma no dependerá de su aplicación práctica a corto plazo, sino de las sanciones y acciones que se deriven de posibles prácticas fraudulentas en la percepción de prestaciones se refiere.
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