Uno de los puntos más controvertidos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó en el Congreso de los Diputados ha sido, sin duda, la aplicación con carácter retroactivo de la dación en pago en aquellas hipotecas que cumpliesen unos determinados requisitos con el objetivo de liberar una deuda que ahogaría a los colectivos más desfavorecidos.
Una medida que, sin duda, sería un soplo de aire fresco para las familias que peor lo están pasando, al eliminar una carga que, en la mayoría de ocasiones permanecerá de por vida. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y la aplicación de una reforma de este tipo en la ley hipotecaria perjudicaría, no solo a los bancos, sino también a muchas pymes y autónomos que dependen de ellos para financiarse.
Y es que una cosa es proponer una solución al problema de los desahucios, algo de lo que, bajo mi punto de vista, toda la sociedad está de acuerdo, y otra pensar que aplicando la dación en pago con carácter retroactivo queda solucionado el problema. Sin duda, la dación en pago elimina las deudas posteriores a las que se tendría que enfrentar todo deudor en caso de ejecución hipotecaria, pero en ningún caso soluciona el problema de los desahucios y, desde luego, puede llegar a tener unas consecuencias fatales en las entidades bancarias y, por extensión, en las pymes.
En primer lugar, porque el torrente de inmuebles que caería en manos de los bancos tendrían un precio inferior al valor hipotecario. Su consecuente financiación detraería aún más recursos si cabe a las pymes, lo que acabaría en más cierres de empresas, más despidos, más rescates bancarios, deuda pública y vuelta a empezar. Pero ojo, no acaba aquí la cosa.
La mayoría de entidades bancarias cuentan con unos instrumentos llamadas cédulas hipotecarias que utilizan para financiarse en los mercados. Estos títulos de deuda cuentan como garantía con la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite. Si cambian las condiciones de las hipotecas, con cláusulas más favorables al deudor, las garantías son menores y el coste de financiación, evidentemente, más elevado, lo que sin duda acabará trasladándose al resto de deudores, en su mayoría, pymes y hogares.
Y no estamos hablando de un instrumento cualquiera, ya que las cédulas hipotecarias suponen cerca del 40% del PIB nacional (unos 425.00 millones de euros). Por tanto, una aplicación de la dación en pago retroactiva tendría unos efectos bastante negativos en la ya tan dañada financiación de pymes y autónomos.
Imagen | woodleywonderworks En Pymes y Autónomos | La dación en pago también tributa