Después de leer en la prensa que Hacienda perdonará los olvidos en el IRPF del contribuyente se le queda a uno un sabor agridulce; pese a que agradezco el esfuerzo que puede suponer por parte de la Agencia Tributaria semejante comprensión por los descuidos, no iniciando un expediente sancionador a la primera de cambio, no puedo más que sobrecogerme al pensar que todo lo aprendido en la universidad era pura palabrería y papel mojado.
No hay nada que comprender, que disculpar o perdonar por parte de la Agencia Tributaria cuando lo que se ha hecho hasta la fecha ha sido penalizar cualquier acción del contribuyente que objetivamente considerada pudiera perjudicar los intereses de la administración, desnaturalizando uno de los principios básicos que debe prevalecer ante la potestad sancionadora de la administración, el de culpabilidad.
Quien debe perdonar los excesos cometidos será en todo caso el administrado por consentir durante años que la Agencia Tributaria no aplicara la ley en toda su extensión y contenido de acuerdo con la constitución, que aunque con algún hijo pródigo es la madre de todas las leyes.
Últimamente estoy comprobando que la inseguridad jurídica provocada por la propia administración tributaria, quien debería ser su garante, está afectando la buena percepción que de ella tienen sus eternos colaboradores (asesores, abogados, economistas, etc...); no pasa un día sin que un cambio de criterio administrativo afecte operaciones llevadas a cabo con anterioridad bajo un paraguas normativo concreto que ha resultado estéril. Hace poco he sabido de un cambio de criterio fiscal que afectaba el IVA en las operaciones de permuta inmobiliaria y su pauta de valoración; además de efectos retroactivos tiene repercusiones económicas significativas. Cualquier lluvia de ideas es positiva, faltaría más, pero siempre que vaya acompañada de una posterior precisión y determinación que aunque no indefinida, sí sea al menos duradera.
Gestión de tributos e inspección parecen llegar a conclusiones dispares respecto asuntos equivalentes, abrazando idéntico cuerpo legal pero con variopintas y pasajeras conclusiones... Esto me suena.
De sabios es rectificar, así que algunas de las medidas que parece ser que se llevarán a cabo por parte de la Agencia Tributaria tienen como cometido salvar esa distancia recorrida hasta la fecha y que separan al administrado de la administración unas cuantas millas. En definitiva, soy de los que creen que bien está lo que bien acaba, suponiendo que acabe.
Celebro que también hayan llegado a la conclusión de entender necesaria la implantación de ciertos sistemas de comunicación entre la propia Agencia Tributaria, los despachos de abogados y asesores fiscales, así como la creación de un foro de discusión al respecto entre aquella y las grandes empresas.
Si nos dieran a elegir entre vivir con seguridad jurídica o sin ella, estoy seguro que todo el mundo optaría por la primera opción, y ello con independencia de quien emitiera ese juicio de valor, administración o administrado. Entonces, ¿Porqué no aúnamos esfuerzos? Más Información | Público en .PDF
Imagen | Ruurmo