El próximo martes se debatirá en el Pleno de Congresos una iniciativa que permita compensar las deudas tributarias de las empresas por operaciones con la Administración a través de aplazamientos y fraccionamientos en el pago de impuestos. Esta proposición de Ley presentada por el PP establecería una especie de "cuenta corriente" que financie créditos y deudas tributarias "reconocidos por acto administrativo".
El 7 de septiembre pasado ya se aprobó una proposición no de ley del PP en esta misma línea, aunque sólo se aplica a deudas contraídas por parte de la Administración General del Estado, por tanto no están incluidas las deudas de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, si esta iniciativa sale adelante la norma afectaría a todas las Administraciones.
El conjunto de Administraciones públicas deben a empresarios y autónomos unos 30.000 millones de euros, cuyos plazos de pago "son cada vez más dilatados", siendo "especialmente grave" en el caso de los ayuntamientos. La Ley contra la Morosidad aprobada el pasado año no ha surtido el efecto deseado debido precisamente al incumplimiento sistemático de las propias Administraciones de los plazos marcados para el pago de las deudas.
La noticia puede ser muy positiva para muchos autónomos y pymes que no sólo se ven perjudicados por la morosidad de la Administración sino que además han de adelantar los impuestos de esas operaciones no cobradas por lo que las empresas están financiando a la Administración por dos vía, la impositiva (que sería lo normal) y la financiación de los cobros (que se aplica de manera abusiva).
Esta medida acabaría con estas situaciones en las que las empresas han de pagar los impuestos a los que están sujetas sus operaciones con las Administraciones mucho antes de que se produzca el cobro efectivo de esos servicios.
Sin embargo, lo esencial sigue siendo que la Administración que contrate un servicio lo pague en el plazo legal. Los retrasos contribuyen, en muchos casos, a la pérdida de liquidez de las empresas, que supone un descenso de la actividad empresarial y contribuye a la pérdida de competitividad y, en muchos casos, a la destrucción de empleo.
Desde luego sería una medida justa y que podría aliviar en cierta medida la situación de las empresas que trabajan para la Administración, pero lo más importante es la dinamización de la actividad de las empresas y eso sólo se puede lograr reduciendo esos 30.000 millones de deuda y obligando a las Administraciones "morosas" a cumplir la Ley.
Vía | Expansión En Pymes y Autónomos | Se podrán compensar las deudas del Estado con las pymes a través de los impuestos Imagen | Daquella manera