El ICO se ha propuesto un ingente esfuerzo para oxigenar a las pymes, de las que penden ocho de cada diez puestos de trabajo. Para lograrlo, la entidad pública rebajará los criterios que deben cumplir los candidatos. Planea pasar por alto las pequeñas moras, de forma que una entrada o huella en un registro de morosos no invalidará a la compañía para poder salir beneficiada del plan público.
Estos datos son los que miran con lupa los bancos, cajas y compañías de seguros, entre otros, a la hora de valorar la el perfil de su cliente y su riesgo de impago. En cualquier caso, el ICO asume el riesgo de rebajar varios peldaños el escalafón de idoneidad que, en circunstancias normales, exige cualquier entidad privada. Por cierto, los solicitantes deberán acreditar en principio una antigüedad de entorno a un año o año y medio para evitar la picaresca.
Ahora mismo existen varios ficheros de información de impagados, el de Asociaciones Impagadas (RAI) y el de la Asociacion Nacional de Entidades Financieras (Asnef) son los más famosos. También es cierto que, en ocasiones, basta con que un recibo del gas o la luz sea devuelto para entrar de cabeza en este club. Incluso se han dado ocasiones con las empresas de telefonía que el cliente solicita la baja del servicio, la compañía no la tranmita y le genera otra factura al cliente y este al no pagarla es incluido en el registro, independientemente de que la razón esté de su parte.
Otra de las ideas que el ICO quiere introducir es que las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro puedan ser beneficiarias. Cabe recordar que tanto partidos políticos como sindicatos tienen bajo su órbita aparatos con esta denominación. Economía espera que las solicitudes se tramiten con agilidad,vía online, y que la ayuda llegue a las empresas en junio.
El Gobierno espera que la aprobación de la nueva línea del ICO refrescará la imagen del Gobierno entre un sector hasta ahora olvidado, aunque hay otra razón que le invita al optimismo. Pese a que el ICO prevé conceder hasta 200.000 euros en préstamos directos, la entidad pública ha podido pulsar que en realidad las necesidades financieras de las pymes son más limitadas.
Tras su ronda de contactos ha podido testar que normalmente solicitan préstamos de entre 40.000 y los 48.000 euros, una ventaja nada desdeñable. A esto hay que sumar que la solicitud y concesión de ayudas será 100% online. En este sentido, la Federación ATA y UPTA-UGT colaborarán, a petición de Economía, para servir de enlace entre la entidad pública y los aspirantes a conseguir una ayuda pública.
Vamos a ver como se instrumentalizan estas medidas. Las informaciones que han salido anunciaban que, al no ser el ICO una entidad financiera como tal, el ICO sacaría a concurso la gestión de estos préstamos, que se haría a través de la entidad financiera adjudicataria del referido concurso. Veremos si esta aplicación es efectiva y si, realmente, el dinero llega al destino que se pretende. La experiencia, hasta ahora, no ha sido muy positiva y las medidas financieras adoptadas hasta la fecha, a pesar de que los bancos hayan pretendido convencernos de lo contrario con alguna que otra campaña publicitaria, no han servido para evitar la sangría de autónomos y pymes que no han podido sacar sus negocios adelante por una merma de la liquidez que les lleva afectando desde hace dos años.
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