El pasado 13 de marzo, el Gobierno aprobaba el Real Decreto Ley 5/2021, de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial, que desbloqueaba una serie de ayudas directas dotadas de 11.000 millones de euros para las pymes y los autónomos afectados por la crisis de la covid-19.
Sin embargo, desde el mismo momento de su aprobación, diversas voces clamaban en contra de la articulación de esta ley, que dejaba fuera a miles de empresas pertenecientes a algunos sectores de actividad, como empresas de formación no reglada, peluquerías y centros de estética, artesanos, centros de educación medioambiental, tiendas de souvenirs, jugueterías y un largo etcétera más.
Las principales asociaciones de autónomos, UPTA y ATA, ya han manifestado su malestar ante lo que consideran un criterio discriminatorio, el de establecer límites basados en el CNAE de la empresa.
Desde UPTA ya han reiterado la conveniencia de no restringir las ayudas a los CNAE, habría que hacerlo únicamente en base al criterio de caída de facturación, que sea de al menos el 30 por ciento en relación al ejercicio anterior. Algo similar ha expresado Lorenzo Amor, que insta al Gobierno a corregir su error de dejar fuera a muchas empresas.
Evidentemente, algunas empresas y establecimientos han sufrido más que otros la crisis del coronavirus, fundamentalmente porque las autoridades han restringido o incluso suspendido su actividad para frenar la expansión del virus. Sin embargo, lo que no se entiende es el criterio utilizado para determinar que una casa de apuestas puede recibir las ayudas y no una peluquería.
Es un clamor. Los autónomos demandan que todas las empresas, con independencia de su CNAE, puedan acceder a las ayudas, al nivel de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.