Desde que el Ministerio de Sanidad notificó que, probablemente, MUFACE se integrará en el sistema de salud pública, han empezado a surgir interrogantes sobre cómo esto afectará a una estructura pública ya tensionada, en lo que se refiere a listas de espera.
Un problema que se ha intensificado, si tomamos en cuenta el CIS de junio de 2024, donde un 34,4 % respondieron que consideran que la sanidad había ido a peor en el último año. El porcentaje, notablemente superior a 2019, coincide con un aumento del tiempo medio para ser atendidos.
Un sistema sanitario tensionado
Según el sistema de información de listas de espera del Sistema Nacional de Salud se han reportado datos que reflejan un deterioro constante en los últimos cinco años.
Asimismo, se ha observado una tendencia negativa entre junio de 2019 y 2024, en la que las listas de espera quirúrgica han crecido un 26,3%, con casi 177.000 pacientes adicionales y un aumento medio de 6 días en la espera media.
Además, hay territorios con demoras de medio año natural (como Andalucía y Extremadura), mientras que otras comunidades, como el País Vasco, Madrid o La Rioja tienen tiempos notablemente inferiores (70 días).
Aumento en las listas de espera
Así, las listas de espera parecen el gran problema en España, frente a una minoría (1 %) que afirma tener necesidades médicas insatisfechas por el sistema público de salud.
Para muestra, los tres grandes problemas detectados: el aumento del volumen de necesidades médicas no satisfechas, la ruptura del principio de igualdad efectiva en el acceso (donde no siempre se prioriza según la condición clínica, sino por otras cuestiones, como la educación, el nivel de renta o la nacionalidad) y el empeoramiento del estado de salud asociado a la falta de atención médica efectiva, tanto por el tiempo de espera como en la recuperación del paciente.
Con estos datos, parece evidente, como apuntan en el blog de economía Nada es gratis, que los tiempos prolongados de espera no solo generan malestar, sino que también pueden deteriorar la salud de los pacientes.
Fechas límite
Desde Sanidad se ha apostado por la extinción de MUFACE para los empleados públicos de la mutua y sus familiares. Estas dos últimas semanas, aun así, algunos colectivos buscan acuerdos in extremis, mientras otros plantean la integración en el sistema público sin advertir de grandes consecuencias negativas.
En la práctica, la duda que sobrevuela esta cuestión es cómo afectará esta absorción a la presión de la asistencia pública y si agravará, todavía más, el problema de las listas de espera. Los equipos médicos, en su mayoría, sí han señalado la gravedad de un cambio abrupto (que se plantearía en los próximos 9 meses).
Estaríamos hablando de un millón de pacientes más (por lo bajo) y 5.000 médicos menos en el sistema público entre 2023-2028. En lo que se refiere a médicos de familia, en concreto. se jubilan 2.863 médicos de media, cada año, y se calcula una incorporación directa de unos 2061. El cierre de MUFACE es otra herida sangrante para el sistema, y no son pocas ya.
Ahora mismo, la fecha límite vence el 31 de diciembre, pese a que el concierto quedase desierto. La incertidumbre sigue presente para 1,5 millones de usuarios.
En la práctica, el problema de las listas de espera, con MUFACE o no, se plantea a través de dos estrategias: la primera, medidas orientadas a reducir el tamaño de las listas (por ejemplo, ampliando las jornadas laborales o ampliando plantillas); por el otro, la racionalización de las listas mediante criterios clínicos o sociales que den prioridad a algunos usuarios.
Mayor presión asistencial
Con el horizonte de una posible integración de MUFACE y la creciente presión asistencial, el debate sobre cómo gestionar las listas de espera se vuelve más relevante que nunca. En este sentido, se debe tener en cuenta que solo 1 de cada 3 funcionarios es mutualista, y cada vez menos optan por la asistencia privada, tras las pérdida de competencias.
Asegurar la sostenibilidad del sistema requerirá equilibrar la demanda con la capacidad asistencial, priorizando la equidad y la calidad en el acceso a la sanidad pública a la demanda sanitaria. Para ello, se ve necesario un aumento en el presupuesto, tanto en inversión económica como en personal. Mientras tanto, el Gobierno ha planteado a los mutualistas y a las aseguradoras cuatro meses de prórroga para poder cumplir el requisito de lista de espera cero y, llegado el caso, integrar a gran parte del colectivo en el sistema público de salud.