El conflicto entre el Gobierno y las aseguradoras por la financiación del modelo Muface parecía cerrado después de que el Ejecutivo incrementara hasta un 41 % las primas destinadas a la atención privada de los funcionarios.
Sin embargo, esta disputa parece no tener fin y, como apuntan diarios como El Economista o Eldiario.es, se ha trasladado ahora a los hospitales privados, que denuncian recibir solo un 3% de ese aumento, lo que ha provocado un notable malestar en el sector.
Un conflicto se cierra, otro se abre
La partida aprobada por el Gobierno (4.800 millones de euros) para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios entre 2025 y 2027, supuso un récord histórico respecto al trienio anterior.
Estas cifras, además, se han visto envueltas en una polémica en la cual se ha señalado la presión de las aseguradoras, los constantes aumentos presupuestarios del Gobierno y el déficit acumulado según ASISA, Adeslas y DKV.
Si iben la aprobación de unos presupuestos mayores ha supuesto un razonable alivio para aseguradoras como Adeslas y Asisa, también ha generado dudas sobre la posibilidad de mantener activo el sistema (mucho más costoso que el SNS) y ha abierto otro frente con los proveedores de los servicios sanitarios: los hospitales y médicos reclaman recursos adicionales.
Falta de equidad
Los hospitales privados se sienten marginados por el acuerdo alcanzado. Según comentaba Carlos Rus, presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), las aseguradoras solo han ofrecido un incremento del 3 % en las tarifas, algo que consideran insuficiente dado el amplio aumento recibido estas compañías.
ASPE, que representa al 80 % del sector hospitalario privado español, sostiene que este pequeño incremento pone en riesgo la calidad asistencial, especialmente cuando las aseguradoras han recibido una mejora significativa en sus condiciones económicas.
¿El problema? En este caso, cada hospital negocia de forma individual con las aseguradoras, lo que fragmenta y debilita la negociación, así como dificulta alcanzar una solución global.
Desde las aseguradoras se ha argumentado que el incremento del 41 % de las primas debe servir para cubrir el déficit acumulado en años anteriores, durante los cuales han operado con pérdidas significativas. Adeslas y Asisa han recordado que ese aumento no puede ir íntegramente a hospitales y profesionales sin poner en riesgo la sostenibilidad del modelo.
De igual modo, cada aseguradora cuenta con sus propias particularidades: Asisa posee una red propia de hospitales que le permite optimizar costes, mientras que Adeslas cuenta con una base mucho más amplia de mutualistas, lo que le otorga poder en las negociaciones de tarifas.
Entre la mutua... y el hospital
La situación también afecta directamente a los médicos privados, quienes denuncian que la atención a los mutualistas sigue siendo considerablemente menos rentable que la atención privada ordinaria. Según datos de la Unión Médica Profesional (Unipromel), un médico recibe hasta un 30 % menos por atender a un mutualista frente a un paciente privado.
A la vez, las consultas privadas han disminuido hata un 90 % en los últimos años, lo que obliga a los médicos a trabajar para los grandes grupos hospitalarios. Una situación que ha llevado al cierre masivo de consultas privadas independientes, desplazando la atención hacia entidades como Asisa, Adeslas, Sanitas, Mapfre o DKV, que ahora también denuncian sufrir esta presión económica.
A su vez, todo ello contrasta con el incremento de presión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y las dificultades de equilibrar atención pública y privada. Por todo ello, el futuro inmediato se ve complicado: las negociaciones seguirán abiertas.
En este sentido, tanto los hospitales privados como los sanitarios mantienen una postura firme: el aumento recibido por las aseguradoras debe trasladarse proporcionalmente a quienes realmente prestan el servicio sanitario. Sin embargo, un consenso rápido resulta complicado.
El Gobierno podría verse obligado nuevamente a intervenir si la calidad asistencial para los mutualistas comienza a resentirse como consecuencia de estas disputas económicas internas del sector privado. Paradójicamente, después de los esfuerzos de la Sanidad Pública por estabilizar el sistema de mutualidades, podría ser el propio sector privado quien, incapaz de llegar a un acuerdo, termine comprometiendo su equilibrio desde dentro.