El régimen actual de los riders se ha convertido en uno de los conflictos laborales más importantes y enconados de los últimos años. En septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo se pronunció, declarando a los repartidores como falsos autónomos, y obligando a sus empresas a modificar su relación laboral con estos trabajadores.
Sin embargo, dentro del colectivo parece no haber una opinión homogénea, al menos a tenor de las últimas manifestaciones convocadas en diferentes puntos de nuestra geografía. De hecho, sin ir más lejos, las asociaciones de Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA) que representan a unos 2.900 trabajadores del sector, ya han convocado hasta tres manifestaciones en defensa de su derecho legal a ser considerados como autónomos, la última de ellas el día de ayer, bajo el lema #SíSoyAutónomo.
Su proclama: parar la futura ley Rider, el borrador que está preparando el Ministerio de Trabajo, y que tiene como fin regularizar la situación de estos repartidores. La patronal ya se había mostrado reticente en su momento, conocedores del impacto que tendría esta nueva normativa sobre sus resultados empresariales. Un agujero que, según cálculos de la UGT, podría llegar hasta los 168 millones de euros, la mitad de los cuales es ahorro en las cotizaciones sociales.
La patronal ya había aceptado por primera vez la laboralización de sus trabajadores, coincidiendo en que no son autónomos, sino trabajadores asalariados a todas luces. Sin embargo, según LaInformación, este acuerdo tendría sus matices, buscando una flexibilización de las condiciones laborales que permitan a estas empresas mantener sus modelos de negocio.
Elegir libremente su régimen de cotización
Precisamente, esta ha sido la base de las manifestaciones: que los trabajadores puedan elegir de manera libre el régimen en el que quieren trabajar: en el Régimen General como asalariados o en el RETA como autónomos. Una suerte de modelo californiano en el que los trabajadores, por defecto, se considerarían asalariados, pero la empresa y el trabajador tendrían cierto margen para renegociar sus condiciones contractuales.
De esta manera, un repartidor que quisiera ser autónomo, podría serlo. Eso sí, a cambio, la app no puede establecer turnos fijos, controles o penalizaciones por rechazar pedidos ni, en general, tratar al trabajador como si fuera un asalariado en plantilla. Dos posturas encontradas dentro de un mismo colectivo que hacen presagiar una larga batalla laboral y social.