Muchas empresas de autobuses y autónomos basan su negocio en la explotación de determinadas rutas, que han conseguido con mucho esfuerzo tras haber ganado un concurso ante otros competidores. Y que ahora, no pueden lucrarse y ni tan siguiera cobrar las cantidades que se le adeudan por el retraso de los pagos de algunas Administraciones Públicas, y que acumulan facturas que están minando su liquidez y las perspectivas de continuidad de muchos de estos negocios.
El gobierno, consciente de la actual situación, ha intentado facilitar el cobro de estas deudas mediante una quita, que los representantes del sector rechazan, alegando además de que los márgenes con los que operan son muy ajustados, se les adeudan unas cantidades pactadas por contrato, y además por unos servicios ya han sido prestados.
Una solución que sería ‘fácil’ plantear sería la recomendación sobre la diversificación del negocio, pero no solucionaría el problema de los impagos, que además posiciona en una situación de indefensión jurídica a este tipo de empresas porque tampoco pueden rescindir los contratos ante la inseguridad de cobrar lo adeudado y los nuevos servicios que viene prestando cada día, al tiempo que sus gastos siguen corriendo, para los que los empresarios han de realizar malabares para tenerlos al día.
Tal vez, sería adecuado que la administración tome una mayor conciencia sobre los daños que este tipo de situaciones produce a algunos pequeños y no tan pequeños empresarios, que cumplen su parte del pacto y que hoy dudan sobre la continuidad de sus negocios y de la estabilidad de su propio patrimonio.
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