Hoy se ha aprobado el Decreto sobre el Fondo de Inversión Municipal, incluido dentro de la séptima ampliación del paquete de medidas anticrisis, siendo ésta la octogésima medida dentro del año 2.008. Este decreto dispone una partida de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos.
Este dinero se tiene que invertir sobre todo en mantenimiento y mejora de las infraestructuras de todas nuestras ciudades. Si partimos de la premisa que España tiene 8.107 ayuntamientos, cada concejal de urbanismo dispone de una media de casi un 1.000.000 de euros para gastar, aunque parece ser que el reparto económico se va a tener en cuenta la población.
La medida es buena, y puede resultar muy favorable para las pymes siempre y cuando los ayuntamientos cumplan los siguientes requisitos:
- Se pongan las pilas por la vía rápida, puesto que tienen que tener preparados los proyectos antes del 11 de diciembre.
- Preparen dichos proyectos de tal manera que se necesite mano de obra, y relativamente se necesiten los medios materiales habituales en las pymes.
- Orienten su contratación a empresas de la propia localidad, y que necesiten contar con mano de obra, puntuando negativamente a las grandes empresas en favor de las pymes.
Pero, porque le veo muchos peros, y entre ellos enumero los siguientes:
- Más de 80% de los ayuntamientos se encuentran al borde de la quiebra técnica, y pueden tener la mala idea de aplicar el resultado presupuestario a otras partidas, más aún cuando reciben el 70% incluso antes de licitar o adjudicar la obra.
- Al dejar abierta la posibilidad de licitación bajo todas sus fórmulas, y recibir estos pelotazos a tan cortísimo plazo, existe la más que probable posibilidad de que se inflen los presupuestos y se recurra al compadreo y amiguismo que todos vemos a diario en todos los ayuntamientos de nuestras ciudades.
- Con lo cual, no se gastarán los 8.000 millones pero se empleará una cantidad mucho menor en los objetivos propuestos.
Creo que el Gobierno debería retener estos importes y al menos, pagarlos directamente a las empresas que finalmente resulten adjudicatarias de estas medidas, o incluso haber articulado el mecanismo de contratación a través de las Cámaras de Comercio, diputaciones o cualquier otra figura en donde los políticos locales no tuvieran absolutamente nada que ver con el procedimiento de adjudicación de estas partidas.
Además sería interesante que se hiciera pública totalmente las empresas que finalmente desarrollen todas estas actuaciones así como los importes facturados y una memoria del trabajo realizado. Recordemos que estamos hablando de mucho dinero público puesto en manos de muy pocos, de los cuales nos podemos ffiar incluso menos.
Vía | moncloa.es
Imagen | e-nviroServices
Más Información | Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público