La ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, ha modificado diversas normas tributarias que, si bien afectan en mayor medida a las sociedades mercantiles, especialmente las grandes empresas, también tendrán su impacto directo sobre el colectivo de autónomos.
La principal medida con consecuencias para los trabajadores por cuenta propia será la reducción de los límites del uso de efectivo entre profesionales, que bajará hasta los 1.000 euros, desde los 2.500 euros vigentes hasta ahora. Sin embargo, esta no será la única regla con implicaciones para los autónomos.
Según advierte la plataforma online de asesoramiento fiscal de autónomos, Declarando, existen otras importantes implicaciones para los autónomos derivadas de estas nuevas reglas, entre las cuales destacan las siguientes:
- La rebaja de un 65 por ciento del régimen sancionador en caso de inspección por conformidad, frente al 50 por ciento actual. Si además se paga la sanción reducida sin dilación, se reduce en un 40 por ciento en lugar del 25 por **ciento como ocurría hasta ahora.
- Reducción en los recargos por presentación de declaraciones y presentaciones fuera de plazo en cuatro puntos. Hasta ahora, estos eran del 5 por ciento hasta 3 meses; del 10 por cineto en caso de más de 3 meses y hasta 6; del 15 por ciento entre los 6 y 12 meses, y del 20 por ciento si se superaba el año, a partir de ahora se sanciona con un 1 por ciento más otro 1 por ciento por cada mes completo de retraso
- Asimismo, será necesario informar sobre las monedas virtuales y declararlas de conformidad con el modelo 720.
A todas estas medidas hay que añadir algunas actuaciones que han sido muy controvertidas pero sin la cobertura legal necesaria hasta ahora, como las inspecciones por sorpresa que prepara la Agencia Tributaria.