Entre las principales medidas que todos los sectores afectados por la crisis económica derivada del coronavirus están reclamando se encuentra el acceso a la financiación y un retraso el en pago de los impuestos. Pero el problema no es la financiación o la moratoria fiscal, es la carencia para su devolución.
De nada sirve aplazar el pago de impuestos, de cotizaciones a la Seguridad Social para dentro de tres meses, si llegado diciembre no se ha recuperado la normalidad en la facturación. Y muchos saben que esto no va a ocurrir. No solo se trata de aplazar, sino de que dicho plazo de pago se traslade al momento en que las empresas recuperen su actividad económica con normalidad.
Lo mismo ocurre con la financiación o el pago de los alquileres, que muchas han visto como se podía prorratear en los meses sucesivos. Pero la realidad es que si no se recuperan ingresos, realizar estos pagos es todo un problema. Y es que dada la evolución de la economía, posiblemente hasta el próximo verano muchos sectores no empiecen su recuperación.
El problema para muchos de ellos es cómo aguantar hasta entonces. Porque los gastos fijos tienen que seguir haciendo frente, pero sin embargo no recuperan la normalidad en la facturación. Y esto sin pensar en nuevas restricciones o cierres de locales en determinadas zonas. Porque en este caso es más que posible que muchos no vuelvan.
Además hay que tener en cuenta que una parte del crecimiento económico, el que se debe al consumo interno, se verá también mermado. Hay muchas personas que han sufrido rebajas en su sueldos, pero también otras que no han encontrado el trabajo de verano que les daba un respiro financiero en invierno.
Todo esto hace que haya que pensar en un plan de ayudas no para tres meses, sino más a largo plazo para evitar que muchas empresas entren en concurso de acreedores. Esto sería un grave problema ya que haría que la salida de la crisis económica fuera más lenta todavía y eso es algo que nadie quiere.