Los ERTES se han convertido en la herramienta estrella para sobrellevar esta crisis, tanto para empresas como para trabajadores. El objetivo es salvar el tejido productivo y evitar el cierre. Podemos discutir si tenemos que ayudar o no a empresas que no son o han dejado de ser viables. Pero lo cierto es que mientras Alemania prorroga los ERTE hasta final de 2021 aquí se negocia prorroga hasta final de año.
No es exactamente el mismo mecanismo, puesto que el kurzarbeit permite a las empresas reducir la jornada de sus empleados, mientras que el Estado se hace cargo de entre el 60% y el 87% del salario del trabajador. En España los ERTES pueden ser totales o parciales. En el caso del 100% los empleados cobran el 70% de la base reguladora los primeros 6 meses, luego el 50%.
Una crisis que nos obliga a endeudarnos
La cuestión es cómo se protege a las empresas para que puedan seguir generando empleo en el futuro y crecimiento económico. Y sobre todo una certidumbre jurídica y económica en un momento donde tomar decisiones es muy complicado. En Alemania se apuesta por dejar esta medida al alcance de cualquier empresa que lo necesite y cumpla con las condiciones hasta 2021, donde estiman que su recuperación económica será prácticamente total.
En España con su economía mucho más dañada, con más paro estructural y sobre todo una deuda externa que superará con creces su PIB, apenas alcanza para prorrogar hasta final de año para los sectores más perjudicados por la crisis. No para todo el mundo. Y eso que desde el Gobierno se han cansado de proclamar que los ERTE han llegado para quedarse.
La realidad es que no se puede hacer frente al tremendo gasto del pago de estos expedientes de regulación de empleo temporales, que han afectado a más de tres millones de trabajadores. Además nuestra economía dependiente del turismo, fundamentalmente de sol y playa, se ve más dañada, puesto que en septiembre muchos de los empleados que salieron del ERTE tendrán que volver al mismo.
Si a esto le sumamos una alta tasa de paro ya endémica el resultado es que serán más de 9 millones los trabajadores que dependen del SEPE. Cobren o no prestación, la realidad es que no aportan al sistema y representan el 40% de la población activa. Con estos mimbres es muy complicado plantear siquiera la salida de la crisis.
Un cambio de modelo productivo, tan necesario como imposible a corto plazo
Mucho menos un cambio productivo o aprovechar los ERTE para capacitar a estos trabajadores, ya sea para facilitar un cambio de modelo o una mayor productividad en sus puestos de trabajo cuando vuelvan a la actividad. Las empresas no serán más competitivas cuando todo acabe, sino que muchas de ellas se habrán endeudado por el camino.
El camarero no se va a reconvertir en un trabajador que produce placas solares, pero si puede formarse para ser mejor en su trabajo. Igualmente en todas las áreas, principalmente también en los órganos de decisión de las empresas y los cuadros superiores. La realidad es que el objetivo a corto plazo es sobrevivir y a medio pagar deudas generadas.
Esto implica que las necesidades de inversión de muchas organizaciones quedarán paralizadas. Y todo esto sin un presupuesto general del estado sobre la mesa que cubra todas las necesidades que tienen empresas, autónomos, ciudadanos, etc. No nos llega para fin de año como para pensar el 2021.