Desde el Gobierno creen que el contexto económico ha cambiado. El fin de las restricciones se acerca, el desarrollo de una actividad normal está más próximo y tenemos un escenario económico de fuerte crecimiento en los próximos meses. Por eso en las negociaciones para la renovación del cese de actividad extraordinario se ha propuesto acabar con la prestación para autónomos con bajos ingresos.
Suponen unos 141.000 autónomos los que ahora mismo cobran esta prestación por una bajada de su facturación importante respecto a 2019. Y para muchos miembros de este colectivo que apenas están empezando a facturar supondría un golpe importante.
Para ayudarles a mantener la actividad se les incentivaría con la exoneración de las cuotas hasta enero de 2022, pero quizás esto no sea suficiente para determinados colectivos que están muy lejos de recuperar los niveles de actividad prepandemia.
Porque una cosa son los datos macroeconómicos y otra diferente el día a día de sectores como guías turísticos o autónomos artesanos que se ganan la vida en ferias que apenas han vuelto a empezar a facturar.
Para lo autónomos que tienen suspensión de actividad las condiciones serían las mismas que las actuales. De momento desde las diferentes asociaciones de autónomos se han posicionado en contra de esta medida.
Quizás solo se trate de una estrategia negociadora. Se plantea ahora, luego se cede en la negociación, pero ya se anticipa que en enero de 2022 esto se ha acabado. Esperemos que al menos hasta es fecha se consiga prorrogar.
Lo que no se ha puesto encima de la mesa, como ha ocurrido en el caso de los ERTE, es que estas ayudas vayan condicionadas a la formación de los profesionales.
