El próximo 30 de septiembre finaliza el periodo en el cual las empresas pueden acogerse a los ERTE, y su prórroga se atasca. Tal y como han denunciado sindicatos y patronal, la ausencia del Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de diálogo social imposibilita que progrese la negociación.
A menos de cinco días para que finalice el plazo, y pendientes todavía de que se acepte la propuesta de Trabajo de extender la ayuda de forma automática y con las mismas condiciones hasta el próximo 31 de octubre, muchas empresas temen que no se prorrogue la ayuda.
Esto podría hacer que tengan que las empresas afectadas tengan que hacer frente a diversas dificultades, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de pago, lo que puede abocar a numerosos concursos de acreedores.
La insolvencia y el retraso en la petición de concurso de acreedores, el principal riesgo
La previsión del despacho de abogados Abencys, especializado en insolvencias y reestructuraciones, apunta a consecuencias negativas para los administradores sociales, en tanto pueda entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso y/o una agravación de la insolvencia.
Al fin y al cabo, los ERTE han contribuido a aliviar la situación de muchas pequeñas empresas, que en ocasiones han disfrazado una situación de insolvencia que, en condiciones normales, hubiese terminado en un concurso de acreedores. Dicho de otro modo, ha retrasado la toma de decisiones empresariales para evitar situaciones de quiebra empresarial.
De hecho, podría entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso, lo que podría conducir a un agravamiento de la insolvencia. En consecuencia, en un contexto de control de la pandemia y de fin de las restricciones, la prórroga injustificada de los ERTES podría tener efectos contraproducentes, al enmascarar una situación de insolvencia agravada que podría provocar la quiebra de miles de empresas.