Con la cuestión del registro de la jornada laboral que se empezará a aplicar de forma obligatoria en menos de un mes, muchas empresas apuestan por diferentes modelos para la llevanza y control de dichas horas. La gestión mediante apps o el acceso a una web es una de las alternativas, pero obliga a los empleados a tener un ordenador disponible o hacerlo desde un smartphone. La duda surge cuando la empresa exige a los empleados tener un smartphone para poder registrar las horas de trabajo.
¿Puede negarse el empleado? ¿Se trata de una claúsula abusiva? ¿Debería compensar la empresa por dicho uso? Son muchas las dudas que pueden surgir entorno a esta cuestión. Especialmente cuando surge como una imposición de la empresa de forma unilateral. Además entran en juego cuestiones como la privacidad de los empleados o qué ocurre si por un percance deja de disponer de dicho teléfono.
Hoy en día tener un smartphone es habitual. Igual que en muchas ofertas de trabajo se pide que el candidato disponga de coche propio, se podría solicitar que también dispusiera de un teléfono con tarifa de datos. El problema es cuando se quiere imponer esa condición posteriormente y sin acuerdo o compensación.
Lógicamente si es la empresa la que facilita el teléfono no debería haber ningún problema. Pongamos un centro de trabajo temporal, como sería una obra, donde los empleados tienen que poner su usuario y contraseña en una página e indicar si registran una entrada o una salida. Si es la propia empresa la que facilita el teléfono desde el cual se debe realizar se acaban los problemas. También se podría solucionar con un lector de huellas.
El principal inconveniente surge cuando son trabajadores en movilidad y no pasan de forma obligatoria por el centro de trabajo. Es aquí donde la obligación de uso del teléfono personal tiene que pasar necesariamente por una negociación y deben ser compensados. Al menos así lo indican algunas sentencias que lo ven como un abuso por parte de la empresa.
Especialmente si además se ha desarrollado un régimen disciplinario para obligar a los empleados a cumplir con estos registros y uso de sus teléfonos personales para cuestiones profesionales. Y en ocasiones negarse a utilizarlos puede dar lugar a un despido procedente, algo que afecta de lleno a los derechos de los trabajadores.
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