Cómo informa hoy la AEAT se ha se ha publicado la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley General Tributaria. Se trata de adaptar de forma continua la norma tributaria a la evolución de la sociedad. Uno de sus objetivos es mejorar los mecanismos y herramientas para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.
Una de las medidas estrellas en este sentido es la publicación de listados de deudores que se incorpora en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como un mecanismo para ayudar en la lucha contra el fraude fiscal a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios.
Además se busca reforzar la seguridad jurídica de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia, para lo que es fundamental lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario. Por ejemplo, se regula la prescripción del derecho a liquidar por parte de los administrados no trasciende, en ninguno de sus aspectos, al derecho a comprobar e investigar por parte de la administración.
Dicho de otra forma la Agencia Tributaria busca limitar que los administrados acudan a los tribunales, introduciendo para ello las modificaciones oportunas que aclaren o eviten interpretaciones de la Ley tributaria. Se refleja de forma explicita en la norma la facultad de los órganos de la Administración Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, para dictar disposiciones interpretativas con carácter vinculante en la aplicación de los tributos.
También se busca incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la administración. Esperemos que esto no redunde en un mayor apremio a las empresas y la forma que a veces tiene la Agencia Tributaria de "apretar" a pymes y autónomos para que acepten su doctrina de forma rápida.
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