Una de las principales quejas de muchas pymes a la hora de subir el SMI tiene que ver con los contratos que tienen firmados, donde esas subidas de SMI, que han sido muy fuertes en los últimos años no los pueden repercutir a sus clientes, sino que se ven obligados a asumirlos. Por eso desde diferentes sectores de la empresa ya reclaman modificar la Ley de Contratos del Sector Público lo que tendría importantes repercusiones para las pymes.
Porque no hay que olvidar que al final son muchas las pequeñas empresas, ya sea como subcontratas, las que concursan solas o a través de una UTE con una empresa mayor, las que tienen una parte importante de sus ingresos comprometidos con este tipo de contratos.
A esto se suman ahora los problemas derivados de la inflación, algo que parecía puntual, pero que visto lo visto tiene pinta de convertirse en algo sistémico, al menos durante dos o tres años, lo que va a implicar demandas de subidas de salarios y a su vez más inflación.
¿Por qué no se actualizan los contratos públicos?
Hay que tener en cuenta que en 2015, en principio como una medida temporal, el Gobierno en aquel entonces de Mariano Rajoy se descolgó con la llamada Ley de Desindexación de la economía. El objetivo era precisamente evitar que las subidas puntuales de la inflación, por el incremento del precio de los carburantes por ejemplo, se repercutieran en los precios públicos.
En aquel entonces el SMI no se movía, por lo que no se veía como un problema. Hoy en día, puede que lo sea porque todo el mundo tiene por descontado que el próximo año volverá a subir, más todavía en un entorno de inflación alta, donde si se mantiene de hecho lo que hará será bajar.
El principal problema es que el que tiene que modificar la ley, es aquel que luego va a tener que pagar más a las empresas, es decir, la propia administración pública. Y esto supone un grave problema para las empresas, para los trabajadores y para la calidad de los servicios que se acaban por prestar.
¿Cuántos empresas se ven afectadas? Según diversos cálculos, son más de 22.000 empresas y más de 1.100.000 trabajadores lo que se ven afectados por estas ley, que afecta sectores como servicios, limpieza, transporte o dependencia, entre otros, donde además las empresas no tienen demasiado margen para maniobrar.