Una de las mejoras salariales más importantes de los últimos años ha sido la del salario mínimo. Sin embargo, la inflacción interanual del 10,2% con datos del mes de junio, machaca los salarios, el poder adquisitivo de trabajadores y márgenes de beneficios de empresas.
En 2021 el IPC se situó en un 6,5%. Por mucho que las predicciones más optimistas moderen algo la prevista para 2022 estamos hablando de un 15 en dos años. ¿Qué ocurre entonces con los salarios? Pues podemos ver el ejemplo del SMI.
Una subida del SMI diluida por la inflación
El objetivo era llegar a 1.050 a final de 2023. La realidad será que con el impacto de la inflación, el poder adquisitivo real si se corrige ese 15% de inflación, se va a quedar en menos de 900 euros al mes. Un duro golpe para su poder adquisitivo, donde retroceden gran parte de lo ganado.
La realidad será que aunque se llegue a los 1.050 euros al mes en el SMI, va a quedar bastante lejos del 60% del salario medio, sobre todo porque este va a subir más de lo previsto como consecuencia de las demandas de diferentes sectores y los convenios que tengan que renovarse.
El impacto también llega a salarios que se revalorizan según lo previsto en el convenio colectivo
El problema lo van a sufrir más las rentas más bajas por un motivo sencillo. Tienen menos margen para cubrir sus necesidades básicas si baja su poder adquisitivo. Pero va a afectar a todos los sectores. Incluso aunque se llegue a un acuerdo para establecer el tan reclamado pacto de rentas.
Los convenios que se negociaron hace dos o tres años, que podían suponer una mejora sustancial de las condiciones, van a quedar ahora muy atrás, porque nadie imaginaba un escenario económico como el sufrido en los últimos años.
Sirva como ejemplo el Convenio Sectorial de Hostelería en Baleares, que había pactado una subida de un 17% en cuatro años. Bien, esa subida será neutralizada en los dos últimos, volviendo de nuevo a la casilla de salida. Más todavía si tenemos en cuenta que debido a la crisis de 2020, las últimas subidas ni siquiera llegaron a aplicarse. La consecuencia, faltan trabajadores en este sector en casi cualquier empresa.
Porque a esto se suman otros problemas que limitan la movilidad de los trabajadores a la hora de aceptar una oferta, como la carestía y elevados precios del mercado de vivienda de alquiler o unos combustibles con precios por las nubes que hacen inviables desplazamientos largos para acudir a trabajar cada día.
Y empresas sin márgenes de beneficio
Las empresas no es que estén muy boyantes. Muchas de ellas están todavía haciendo frente a créditos y deudas generadas durante la pandemia. No tienen excesivo margen de maniobra para que los costes salariales suban muy por encima de lo que tenían previsto.
Además la inflación también afecta a sus ventas. La mayoría no repercute el aumento de costes a los clientes, al menos no es su totalidad. Esto supone otro mordisco a su margen de beneficio, ya de por sí exiguo.
Si le sumamos que un aumento de los precios retrae el consumo y se venda menos, el resultado final es que el equilibrio que tienen que hacer es casi una labor de funambulismo para mantener una plantilla motivada y comprometida, clientes contentos y margen de beneficio. Y todo esto con la mirada puesta en que al menos el IPC se modere de aquí a final de año.
El peligro además de bajar ventas y beneficios es perder capital humano. Por mucho que logremos mantener un buen ambiente y a la plantilla contenta, siempre habrá alguien que aplicará a alguna oferta de la competencia y, si no podemos igualar condiciones, acabará por marcharse.
Sustituirlo tampoco será sencillo. Porque seguramente nuestra oferta laboral ya no sea tan competitiva. Y en este caso o contratamos a alguien con menos experiencia e invertimos en su formación y esperamos que nos de un buen resultado o tenemos que mejorar condiciones, lo que puede crear malestar en el equipo que ya tenemos formado.