Existe la tendencia natural de plantear las cosas de una manera individual, huyendo de los planteamientos globales y obviando las repercusiones que unas decisiones o acciones tienen sobre otras afectando al resultado global. Comienzo esta entrada con el planteamiento del funcionariado, para seguir con la propuesta de reforma laboral para trabajadores por cuenta ajena y concluir con las novedades que se preparan para los autónomos. Las notables diferencias de estatus laboral que hay entre ellas, están perjudicando a un mercado laboral agónico, produciendo inevitables repercusiones negativas sobre la economía.
Comenzando con el funcionariado, personalmente, el modelo español de funcionariado me desencanta. Soy partidario de un modelo como el anglosajón de “civil servant”, o lo que es lo mismo, de servidor civil o al ciudadano, ya el propio término difiere notablemente del concepto en español. Además, las condiciones difieren respecto de la empresa privada por ser menos atractivas, en principio, no son indefinidos y están sujetos a una dirección por objetivos que condiciona notablemente su retribución anual, pero de no alcanzarlos, su empleo está en juego.
En España, la situación es meridionalmente opuesta ya que ser funcionario supone tener un estatus privilegiado, hasta el punto que quienes quieran conciliar vida familiar y profesional han de plantearse ser funcionario, para así poder disfrutar de unas prebendas que en la empresa privada resultan casi imposibles de alcanzar.
Otro aspecto que no comparto es que el estatus de funcionario comience en un grupo E. Por definición , el estatus especial de funcionario es para proteger a la Administración del Estado de la presiones de los políticos que en el momento ejerzan al función de gobierno, dotándoles así de independencia respecto al poder ejecutivo. Conforme a este hecho, quienes pueden estar sometidos a presiones políticas son los funcionarios del Grupo A, por lo que el resto deberían tener estatus de personal laboral de la Administración.
Tengo muy buenos amigos dedicados a la función pública, a quienes respeto por cómo han conseguido la plaza que en la actualidad disfrutan, ya que compatibilizar una actividad laboral con la preparación de una oposición no es tarea sencilla, y además, son personas muy comprometidas con su profesión y la función que desempeñan.
Como contrapartida, también conozco otros casos en los que terceros han estado sufragando las academias durante tres o cuatro años, hasta que el opositor ha obtenido la plaza, y sin experiencia profesional alguna han accedido a una plaza del grupo A, cuya retribución oscila los 36.000 euros, con menos horas de jornada laboral y con más vacaciones que en la empresa privada. Todo ello para solicitar reducción de jornada por maternidad a los pocos meses de entrar en la Administración.
Esta situación tiene graves efectos adversos. Por un lado, perjudica a las pymes en el acceso a mano de obra cualificada ya que no pueden competir con las condiciones (no sólo económicas) que ofrece la Administración. Por otro, repercute negativamente en el emprendimiento, ya que frente a la seguridad y acomodamiento que proporciona ser funcionario, ser emprendedor ofrece riesgo e incertidumbre.
En Pymes y Autónomos Crear riqueza o ser funcionario, La guerra del café entre los funcionarios Imagen AMagill