No se revela nada nuevo si se dice que en España, al contrario de los países de la OCDE y de la Unión Europea, que en la innovación la financiación pública tiene mayor peso que la financiación privada. Aunque este dato pueda resultar de poca relevancia, no es así en absoluto, ya que condiciona la capacidad innovadora del país.
Que el Estado gaste su presupuesto en I+D, cuyo objetivo es el 3%, es una buena noticia. La mala noticia, que por un lado, beneficia fiscalmente a las más compañías más grandes porque las más pequeñas desconocen las ventajas fiscales que existen y, por otro, que gran parte del gasto en I+D lo realiza directamente el Estado a través de institutos científicos o tecnológicos y de las universidades. Consecuencia, se carece de criterios de mercado que haga rentable esa investigación. En otras palabras, no se produce innovación.
El problema de la innovación en España tiene varios orígenes, pero los que más destacan y los que menos se están tratando son dos. Por un lado, las instituciones públicas no actúan como entidades demandantes de innovación, sino como oferentes. Por otro, que tanto universidades, institutos tecnológicos y científicos, deberían de dejar de buscar y pelear presupuestos con las entidades públicas y empezar a buscarla en las entidades privadas.
De este modo se conseguiría un doble objetivo. Por un lado, las instituciones científicas adoptarían criterios de mercado en los proyectos de investigación que desarrollasen, la razón, sencilla, ninguna entidad privada va a querer financiar algo que no sepa que puede rentabilizar económicamente. Por otro, el Estado, como demandante, financiaría indirectamente I+D+i al generar demanda de innovación para ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía (medio ambiente, sanidad, transporte, reciclaje, aguas, energía, IT, sistemas de gestión de la información, etc.). Esto no es lo mismo que estar dando dinero a fondo perdido a una multitud de entidades científicas o tecnológicas.
Hasta que este hecho no se produzca, se puede decir hasta la saciedad que la empresa española no es competitiva y no tiene conciencia de la relevancia de la innovación, pero hasta que la Administración no asuma el liderazgo del proceso de la innovación, generando demanda, el cambio de mentalidad empresarial no se producirá. Si al empresario se le clarifica el retorno de la inversión (pay-back) en innovación, se le motivará para emprender una política innovadora y un proceso de asociación y colaboración con universidades e institutos científicos y tecnológicos. Es decir, llevar a cabo el nuevo paradigma.
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