El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue marcando la agenda española. Con un incremento acumulado del 54 % desde 2018, pasando de 736 euros a 1.134 euros brutos mensuales, la subida del SMI se ha convertido en un tema polémico tanto para el Gobierno como para los agentes sociales.
Según las últimas declaraciones de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), esto se centra en dos problemas fundamentales que complican nuevas subidas del SMI: la adaptación al modelo de jornada laboral de 37,5 horas y el esfuerzo económico que implica para autónomos y pymes soportar estos incrementos.
El impacto en las pymes
Mientras que los sindicatos defienden el aumento como esencial para la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, empresarios y patronal han advertido de los riesgos que estas medidas suponen para la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.
Amor (CEOE/ATA) comentaba que la oposición de los colectivos de empresarios no está tan vinculada al qué (es decir, a aumentar el SMI o a reducir jornadas laborales) tanto como al hecho de cómo hacerlo: "Creemos posible poder llegar en la negociación colectiva a las 37,5 horas. El problema está en cómo adaptarse a esta jornada", explicó para RNE.
Al margen de los sueldos, Amor explicaba que la medida resulta poco viable para pequeñas y medianas empresas con menor flexibilidad en sus organizaciones, ya que dependen de plantillas ajustadas y presupuestos limitados, por lo que reorganizar horarios y adaptar producción es complejo sin un incremento de los costes.
Una opción realista sería contratar a más personal, o exigir mayor productividad a los trabajadores para mantener el equilibrio financiero, pero que se entrecruza con otra serie de necesidades complejas para pequeños negocios (por ejemplo, la productividad ligada a tecnología, formación o nuevos perfiles profesionales: lo que se traduce en inversión, de nuevo)
"Nadie gana un 54 % más"
En paralelo, el presidente de la ATA ha afirmado que la carga financiera extra que puede ser, a menudo, difícil de soportar en empresas cuyos ingresos no han aumentado en la misma línea.
En sus propias palabras: "¿El salario mínimo tiene que subir? Pues claro que tiene que subir. El problema que tenemos es que en los últimos cinco años ha subido un 54%. La actividad de ningún autónomo ha subido un 54 % en los últimos cinco años". Una brecha evidente entre el incremento del SMI y el ritmo de ingresos de las pymes, que se alinea con los planteamientos del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha advertido que los salarios deben subir al ritmo de la economía.
Por último, se ha visto que el SMI no se ha distribuido de forma homogénea entre los distintos sectores, siendo el régimen del hogar y el sector agrícola aquellos más castigados, con 176.000 empleos destruidos desde que los sueldos mínimos empezaron a aumentar. A medida que los costes laborales aumentan, el empleo de baja calidad puede estar condenado a desaparecer, pero, en cualquier caso, requiere de medidas compensatorias.
En conclusión, la subida del SMI ha supuesto mejoras sustanciales para muchos trabajadores, pero también ha puesto de manifiesto las limitaciones estructurales que enfrentan autónomos y pymes en España. Para Amor, el desafío no es solo económico, sino también de equilibrio: ¿cómo continuar mejorando las condiciones laborales sin poner en peligro la viabilidad de las pymes del país?
En el centro de este debate se encuentra una cuestión fundamental: el modelo económico que España necesita para garantizar empleo estable y crecimiento sostenible. El problema es que los propios socios del Gobierno no siempre están de acuerdo: PSOE y Sumar siguen sin ponerse todavía de acuerdo en su aplicación.