El debate sobre la jornada laboral en España vuelve a ocupar el centro de la agenda política y económica. La propuesta de reducir la semana laboral de 40 a 37,5 horas, liderada por el Ministerio de Trabajo, ha desatado una polémica que involucra a la patronal, los sindicatos y, más sorprendentemente, a miembros del propio Gobierno.
Mientras tanto, la CEOE ha lanzado unas cifras que parecen ir a contracorriente de las actuales tendencias: para equipararse a la productividad media de la Unión Europea, ha afirmado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en España sería necesario trabajar 41,4 horas semanales.
La batalla de las 37,5 horas
Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, defiende que la reducción de la jornada laboral podría convertirse en un avance histórico para los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la medida que se había planteado implementar durante este 2025, y que buscará mejor conciliación, menor estrés laboral y fomentar la distribución del empleo, puede tener detractores en todas partes.
Desde los rifirrafes en el Gobierno (donde Díaz ha señalado que el Ministerio de Economía, en concreto, Carlos Cuerpo, está intentando frenar la tramitación de la reducción de jornada) a la CEOE, que vuelve a ser tajante al respecto: así, no es posible.
Igual que se hizo durante el Gobierno de Felipe González, cuando se planteó una rebaja hasta las 40 horas semanales, la CEOE vuelve a negar que exista posibilidad de reducir jornada. Mientras el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están de acuerdo en que las 40 horas no reflejan ya "la realidad laboral moderna", la CEOE apunta que España trabaja menos horas efectivas que el promedio europeo (33,5 horas semanales) y que reducir más las horas legales perjudicaría la competitividad empresarial.
Productividad y realidad laboral
El planteamiento de la CEOE, que señala una menor productividad española en relación con las horas efectivas de trabajo, considera que esto se debe, en parte, a contratos a tiempo parcial y la flexibilidad laboral en ciertos sectores.
Para la patronal, este desfase entre horas legales y efectivas subraya que el foco debería estar en mejorar la eficiencia y no en reducir el tiempo trabajado. Además, Garamendi destacó que, en sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales.
Sin embargo, la baja productividad en España tiene una causalidad bastante más amplia: entre otras cuestiones, como la dependencia de sectores de baja cualificación (construcción, hostelería, turismo), la escasa inversión en I+D, el tamaño de las pequeñas empresas, la temporalidad y la focalización en el sector inmobiliario, entre otros factores. En este sentido, señalar la reducción de jornada como el principal problema es tratar de tapar el sol con una mano.
Caídas de la productividad
En cambio, aquellos que defienden la medida han argumentado, en reiteradas ocasiones, que trabajar menos horas no implica necesariamente una caída de la productividad, citando ejemplos como Noruega, Dinamarca o Islandia, donde las jornadas laborales son más cortas, pero la productividad por hora es significativamente mayor.
De igual modo, las pymes y los autónomos, más preocupados por la posible reducción, temen ver cómo los incrementos de costes operativos propios de las cotizaciones mayores por el Salario Mínimo Interprofesional se suman a un menor tiempo de trabajo por el mismo sueldo.
A grandes rasgos, la CEOE sigue defendiendo que es el aumento de la productividad lo que permite reducir las jornadas laborales y aumentar los salarios, y advierte que una reducción impuesta podría generar desajustes organizativos y mayores costes laborales, disminuyendo todavía más la productividad.
Por el contrario, reducir las jornadas sin memoria económica (señalando las concesiones anteriores entre patronal, sindicatos y Gobierno) puede suponer una reducción de horas laborales sin compensación adecuada para las empresas, lo que temen que se traduzca en menor rentabilidad y, en algunos casos, ceses de negocio o despidos.
En cualquier caso, hoy por hoy, todo indica que la reducción de la jornada laboral es una realidad que está costando mucho trabajo. Y plantea un dilema complejo en el que se entrelazan los derechos laborales, la productividad y la competitividad empresarial.
Si bien el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su puesta en funcionamiento requerirá de un consenso amplio y medidas complementarias que minimicen el impacto negativo y, sobre todo, aseguren la colaboración de las pymes españolas.
En esta tesitura, un Gobierno dividido y una patronal en contra, parecen estar llenando de piedras el camino de una semana laboral más corta, y todo indica que (el trayecto) se va a hacer largo, muy largo.
Foto 1: FMT