Después de varios años en el punto de mira, parece que la polémica llega a su fin. Hoy, y a pesar de las reticencias iniciales de varios colectivos defensores de los conocidos como 'riders', la nueva ley que regula el trabajo de los repartidores digitales verá la luz en el Consejo de Ministros bajo el formato de decreto ley.
Y lo hace con una premisa clara: las plataformas digitales que contratan los servicios de estos trabajadores estarán obligadas a contratarles como asalariados. Así consta en el texto acordado, donde se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan este tipo de servicios.
Esta nueva Ley iría en línea con diversas sentencias del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia de septiembre de 2020, que dictaminaba que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores y, en consecuencia, estos trabajadores son falsos autónomos.
Sin embargo, esta Ley no cuenta con el consenso de todos, ni siquiera con el de los trabajadores a los que pretende proteger. Diversas asociaciones han mostrado su rechazo ante una Ley que no ha sido discutida ni pactada con ellos.
La Ley Rider será aprobada el próximo martes sin haber oído nunca a los Riders... Respetad@s Diputad@s, por favor ayúdennos a evitar la destrucción y precarización de nuestro trabajo legislando una Ley que sí nos oiga, por favor, no nos abandonen. #StopLeyRider #SíSoyAutónomo pic.twitter.com/H3zuesqLI0
— RepartidoresUnidos.org (@RepartidoresUni) May 8, 2021
Entretanto, las plataformas tendrán hasta el próximo mes de agosto para cumplir con la nueva legalidad. Un plazo máximo de tres meses, tiempo más que suficiente según la ministra de trabajo Yolanda Díaz, para que las plataformas pasen de un modelo de autónomo TRADE a ser personal contratado.