En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo está negociando con los agentes sociales el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros, lo que supondría un 5,3 por ciento más que el actual, de 950 euros brutos al año. Una medida que no convence a algunos de los miembros del Ejecutivo, quienes argumentan que, en el escenario de pandemia, no es el mejor momento para llevarla a cabo.
No en vano, según un reciente estudio de Randstad que ha contado con la ayuda de Cepyme, la subida del SMI tendría un impacto negativo sobre el empleo, concretamente sobre 85.000 a 135.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2022, donde se incluirían tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia de esta subida salarial.
Además, hasta un 52 por ciento de la destrucción del empleo se concentraría en los sectores de hostelería y comercio, que son precisamente los más dañados con la actual crisis de la covid-19, y con especial incidencia en trabajadores jóvenes de micropymes y empresas de tamaño pequeño y mediano.
Hay que recordar que esta subida se produciría en un momento muy complicado para la economía española y, en especial, para las empresas más dañadas por el coronavirus. Además, es importante tener en cuenta que ya hemos arrastrado otras subidas previas del SMI que situarían el incremento acumulado en el 52,6 por ciento en tan solo cinco años.
Cepyme recuerda que el incremento del SMI es competencia exclusiva del Gobierno Central, previa consulta con los agentes sociales (patronal y sindicatos) que, tal y como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución del IPC -que esté año es negativa, la productividad media nacional, y la situación económica y del empleo.