Las empresas con más de 50 trabajadores deberán habilitar entre el 13 de marzo y el 1 de diciembre de 2023 un buzón para que empleados o cualquier persona que haya mantenido una relación laboral con la organización, puedan denunciar infracciones administrativas o penales que descubran en la empresa.
La ley obliga a disponer de un buzón de denuncias anónimas tanto al sector privado como al público, así como a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales y su objetivo es proteger a quien informe sobre irregularidades conocidas en el marco de una relación laboral o profesional.
Lucha contra la corrupción desde dentro de las empresas
La ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En dicha ley podemos leer:
También es preciso recordar que, en línea con la corriente existente en el mundo anglosajón, que regula desde hace años la protección de los denominados «whistleblowers» –quien usa el silbato para dar alerta– algunas comunidades autónomas ya han regulado instituciones que se ocupan de recibir comunicaciones de ciudadanos informando de irregularidades.
¿El fin es positivo? Todo lo que implique informar sobre irregularidades que se den en una empresa, lo es. Una de las discusiones que giran en torno a esta nueva ley es la protección al denunciante, es decir, cómo se mantendrá a salvo su identidad.
Motivos por los que se podrá denunciar a la empresa:
- No tener dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador.
- Hacer horas extras sin remunerar.
- Acoso laboral.
- Acoso sexual.
- Existencia de falsos autónomos en la empresa.
Mantener a salvo la identidad de los denunciantes en la empresa
Las denuncias que podrá acoger este buzón podrán venir desde los empleados o antiguos trabajadores, incluso por parte de autónomos que hayan prestado algún servicio.
Lo que preocupa es la protección del denunciante, como comentábamos. De hecho, desde la Comisión Europea destacan que el actual texto sólo protege a los denunciantes de delitos “graves y muy graves”, con lo que deja fuera "infinidad de otras conductas".
Tal y como está redactado, el proyecto de ley solo protegería a los informadores o denunciantes que sigan “canales oficiales”, con lo que si un informador opta por alertar de un caso ilícito mediante otra vía no se vería protegido por esta norma.
Por ello, uno de los elementos más criticados de la ley es el hecho de que no protege a aquellos que señalan a corruptos de la posibilidad de que estos los lleven a los tribunales. El tiempo nos dirá de qué modo afecta tanto a pymes como a trabajadores esta nueva ley.